El FBI se incautó documentos ‘ultra secretos’ en la casa de Trump

Rodrigo Díaz M.

Un recibo de propiedad desvelado por el tribunal muestra que los agentes del FBI se llevaron 11 conjuntos de registros clasificados de la finca de Trump durante un registro de la propiedad el lunes de la semana pasada.

Los registros incautados incluyen algunos marcados no sólo como alto secreto, sino también como “información sensible compartimentada”, una categoría especial destinada a proteger los secretos más importantes de la nación que, de ser revelados públicamente, podrían causar un daño “excepcionalmente grave” a los intereses de Estados Unidos. Las actas judiciales no proporcionan detalles específicos sobre la información que podrían contener los documentos.

La orden dice que los agentes federales estaban investigando posibles violaciones de tres leyes federales diferentes, incluyendo una que rige la recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa bajo la Ley de Espionaje. Las otras leyes se refieren a la ocultación, mutilación o eliminación de registros y a la destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales.

El recibo de la propiedad también muestra que los agentes federales recogieron otros posibles registros presidenciales, incluyendo la orden de indulto a Roger Stone, aliado de Trump, una “caja de documentos encuadernada en cuero” y la información sobre el “presidente de Francia.” Una carpeta de fotos, una nota manuscrita, “documentos secretos diversos” y “documentos confidenciales diversos” también fueron incautados en el registro.

La abogada de Trump, Christina Bobb, que estaba presente en Mar-a-Lago cuando los agentes llevaron a cabo el registro, firmó dos recibos de propiedad, uno de dos páginas y otro de una sola.

En un comunicado después del registro a su propiedad, Trump aseguró que los documentos incautados por los agentes estaban “todos desclasificados” y argumentó que los habría entregado si el Departamento de Justicia se lo hubiera pedido.

Aunque los presidentes en ejercicio suelen tener el poder de desclasificar información, esa autoridad caduca en cuanto dejan el cargo y no estaba claro si los documentos en cuestión habían sido desclasificados alguna vez.

Trump mantuvo la posesión de los documentos a pesar de las múltiples peticiones de las agencias, incluidos los Archivos Nacionales, de entregar los registros presidenciales de acuerdo con la ley federal.

La orden de registro de Mar-a-Lago servida el lunes fue parte de una investigación en curso del Departamento de Justicia sobre el descubrimiento de registros clasificados de la Casa Blanca recuperados en la casa de Trump a principios de este año. Los Archivos habían pedido al departamento que investigara después de decir que 15 cajas de registros que recuperó de la finca incluían registros clasificados.

Todavía no está claro si el Departamento de Justicia siguió adelante con la orden simplemente como un medio para recuperar los registros o como parte de una investigación criminal más amplia o un intento de procesar al ex presidente. Múltiples leyes federales regulan el manejo de información clasificada, con sanciones penales y civiles, así como los registros presidenciales.

Para obtener una orden de registro, las autoridades federales deben demostrar a un juez que existe una causa probable para creer que se ha cometido un delito. El fiscal general, Merrick Garland, dijo que aprobó personalmente la orden, una decisión que, según dijo, el departamento no tomó a la ligera, dado que la práctica habitual, cuando es posible, es seleccionar tácticas menos intrusivas que un registro del propio domicilio.

En este caso, según una persona familiarizada con el asunto, hubo un compromiso sustancial con Trump y sus representantes antes de la orden de registro, incluyendo una citación de registros y una visita a Mar-a-Lago hace un par de meses por parte de funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia para evaluar cómo se almacenaban los documentos.

La política del FBI y del Departamento de Justicia advierte que no se debe hablar de las investigaciones en curso, tanto para proteger la integridad de las mismas como para evitar difamar injustamente a alguien que está siendo investigado pero que finalmente no es acusado. Esto es especialmente cierto en el caso de las órdenes de registro, en las que los documentos judiciales de apoyo se mantienen habitualmente en secreto a medida que avanza la investigación. En este caso, sin embargo, Garland citó el hecho de que el propio Trump había proporcionado la primera confirmación pública de la búsqueda del FBI, “como es su derecho”. El Departamento de Justicia, en su nueva presentación, también dijo que revelar la información al respecto ahora no perjudicaría las funciones del tribunal.