De nuestra redacción:
La provincia de Ontario comenzará a emitir multas para aquellos que sean sorprendidos violando la Ley de Gestión de Emergencias y Protección Civil (EMCPA, por sus siglas en inglés), que se puso en marcha para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19.
Las personas acusadas de un delito en virtud de la ley de gestión de emergencias y protección civil deberán identificarse si se lo pide un funcionario provincial de delitos, que incluye a agentes de policía, agentes de las Primeras Naciones, agentes especiales y funcionarios municipales encargados de hacer cumplir la ley.
Esta facultad temporal fue aprobada ayer por la provincia mediante una orden de emergencia para ayudar a prevenir la propagación del virus.
“Es esencial que se adopten medidas para permitir que los funcionarios provinciales encargados de los delitos exijan legalmente a una persona que revele su nombre, fecha de nacimiento y dirección correctos a fin de proteger a nuestras comunidades”, dijo Sylvia Jones, procuradora General, en un comunicado de prensa.
“Al otorgar a los funcionarios provinciales encargados de los delitos esta facultad temporal de obtener información de identificación en virtud de la ley EMCPA, podrán hacer cumplir las órdenes de emergencia durante estos tiempos extraordinarios”, continuó diciendo.
Otras órdenes de emergencia que la provincia ha actualizado son el cierre de negocios no esenciales, la prohibición de eventos públicos organizados y reuniones sociales de más de cinco personas y el cese de la especulación con los precios de productos necesarios como los productos desinfectantes.
El incumplimiento de cualquiera de estas órdenes de emergencia constituye un delito en virtud de la ley EMCPA, al igual que el hecho de no identificarse con precisión.
El no identificarse conlleva una multa de 750 dólares por no cumplir una orden de la EMCPA o de mil dólares por obstruir a una persona en el ejercicio de un poder si un funcionario provincial de delitos e infracciones emite una multa.
Además, el incumplimiento de una orden de emergencia puede acarrear penas de hasta un año de prisión o una multa de hasta 100 mil dólares para un individuo, 500 mil dólares para un director de una corporación o 10 millones de dólares para la propia corporación si un funcionario provincial de delitos acusa al individuo mediante una citación.
“Es responsabilidad de todos los habitantes de Ontario hacer su parte y respetar las órdenes de emergencia vigentes “, añadió Jones.
