Isabel Inclan
Con más de 300 trabajadores agrícolas temporales mexicanos infectados y tres fallecimientos por COVID-19 desde que inició la pandemia en Canadá, la presión social se hace más aguda para que no sólo las autoridades de ambos países extremen las medidas sanitarias para proteger al sector agrícola sino para que se concrete el camino para que consigan la residencia canadiense quienes lo deseen.
Cada año vienen a Canadá poco más de 50 mil trabajadores agrícolas temporales de México, Guatemala, Jamaica principalmente, como para de acuerdos bilaterales con más de 40 años de operación. La mayoría son jornaleros mexicanos que laboran legalmente por temporadas de entre tres y ocho meses.
Bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) México-Canadá, que opera desde hace 46 años, vinieron 25,331 trabajadores en 2018 y 27 mil en 2019. Este año, a mediados de mayo habían venido 6,000 y entre abril y junio 11 mil, según cifras de la embajada de México en Ottawa. Debido a la pandemia algunas granjas cancelaron la contratación de trabajadores y alrededor de 7,000 mexicanos están pendientes por venir, según explicó Gabriel Morales, coordinador del PTAT en la embajada.
El funcionario detalló que hasta el 24 de junio se habían enfermado de coronavirus 327 jornaleros mexicanos en granjas de Ontario, British Columbia y Quebec.
Entre el 30 de mayo y el 20 de junio murieron tres trabajadores en granjas del suroeste de Ontario (Windsor-Essex, Leamington, Norfolk): Bonifacio E. Romero (31 años), Rogelio Santos Muñoz (24 años), y Juan López Chaparro (55 años).
El amplio volumen de infectados (algunos medios reportan cerca de mil trabajadores temporales incluyendo de otras nacionalidades) y el lamentable fallecimiento de tres de ellos, puso al descubierto las condiciones de vivienda en algunas granjas que dificultan el distanciamiento físico y la sanidad.
La reacción del gobierno de México fue tajante. El 16 de junio suspendió el envío de más trabajadores mientras Canadá no garantizara medidas sanitarias acordes a la pandemia. Después de una semana, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para “mejorar las condiciones sanitarias y aumentar las inspecciones in situ”, asegurando el cumplimiento adecuado y la aplicación de sanciones para los empleadores que no cumplan, según consta en un documento dado a conocer por el Consulado de México en Toronto.
En el documento se indica que el consulado “se mantiene vigilante” y se advierte que cualquier reporte de los trabajadores donde no se respeten los protocolos de salud se notificará a las autoridades canadienses. “Ningún empleador está obligado a recibir a un trabajador extranjero, pero una vez que se acepta a un trabajador extranjero, el empleador debe cumplir estrictamente con los términos y condiciones del programa, incluidas las medidas adicionales acordadas para proteger la salud y los derechos laborales del trabajador migrante”, dijo el cónsul general Porfirio Thierry Muñoz Ledo.
Fidel Guzmán Martínez, quien es parte de los 65 mexicanos que trabajan en una granja de uvas en Niagara on the Lake, comentó que debido al COVID-19 la granja “nos proporciona desinfectante, guantes y mascarillas. Todos los días verifican nuestra temperatura y llenamos un cuestionario de salud”.
Selene Marfil Basto estuvo en una granja de Simcoe durante el pico de la pandemia sin trabajo y pago durante dos meses. El PTAT la transfirió a una granja de Hamilton donde está en cuarentena como medida de precaución. Ella comparte la casa con 11 trabajadoras agrícolas. “Estamos manteniendo nuestras medidas sanitarias. No conozco compañeros de trabajo enfermos en esta región, pero fue muy triste saber de los tres mexicanos muertos. Murieron sin sus familias alrededor.”
Guzmán Martínez quien es parte del PTAT desde hace 20 años, lamentó la muerte de los tres mexicanos y dijo que entre los trabajadores agrícolas “existe el temor de hacerse la prueba porque piensan que serán devueltos a México”.
Asociaciones defensoras de derechos de los migrantes, expertos en el sector salud y académicos han emitido reportes que ubican esta situación en un plano más amplio, que involucra derechos laborales restringidos y hasta esclavitud laboral a través de reclutadores.
“Cualquier temor que tengan los trabajadores agrícolas migrantes sobre las pruebas no puede separarse de los desequilibrios de poder profundamente arraigados en la relación laboral que se derivan, en parte, del estado de residencia precaria de los trabajadores y los permisos de trabajo sujetos a un solo empleador, condiciones que históricamente han permitido a los empleadores repatriar enfermos o heridos trabajadores,” dijo Leah F. Vosko, profesora de Ciencia Política en la Universidad de York y una de los 14 miembros del grupo de trabajo Migrant Worker Health Expert, creado para honrar la memoria de Bonifacio E. Romero y para mostrar los desafíos de salud en las granjas.
El FCJ Refugee Centre resaltó el caso de Rogelio Santos Muñoz, quien no tenía estatus migratorio y habría sido reclutado por una persona que lo llevó a una granja de Leamigton, donde se contagió y murió. “Rogelio no fue solo a la granja. Alguien lo llevó allí. Los reclutadores no están regulados en Ontario y cuando emplean inmigrantes precarios, dominan la situación laboral”, dijo Loly Rico, codirectora del FCJ y especialista en trata de personas.
Migrant Workers Alliance for Change emitió también un reporte donde resalta que los trabajadores agrícolas temporales son los verdaderos productores que proveen los alimentos frescos a los canadienses, por lo que en varias cartas y con un acto simbólico el 4 de julio en la oficina del ministro de Inmigración, Marco Mendicino, urgieron al gobierno que se otorgue la residencia canadiense permanente a los trabajadores con un estatus precario.
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Fotos: Isabel Inclan
