San Salvador, 23 oct (EFE).- Un juez instructor de El Salvador ordenó a la Fiscalía realizar una nueva investigación por el asesinato de san Óscar Arnulfo Romero en 1980 y emitió una orden de captura judicial contra el único acusado del magnicidio, informó hoy el órgano Judicial.
“Para poder llegar a la verdad real y conocer quienes participaron en el delito de homicidio agravado en perjuicio de la vida de monseñor Romero, debe ser el ente fiscal el que dé inicio a una investigación seria”, señaló el juez Rigoberto Chicas, titular del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.
Señaló que esta nueva investigación permitirá “el ejercicio de la defensa de las personas que puedan salir vinculadas en los hechos” y que las personas o instituciones “interesadas” puedan acudir al Ministerio Público “a interponer las denuncias o querellas correspondientes”.
Chicas señaló que enviará el archivo del caso, que desde el inició fue señalado de varias irregularidades, a la Fiscalía para que “se pueden deducir varias líneas de investigación que permitan descubrir la verdad de los hechos y sus autores”.
El juez instructor también emitió una orden de detención contra el capitán Álvaro Rafael Saravia, único imputado en el proceso y con paradero desconocido, por lo que pedirá a la Policía salvadoreña y a la Interpol que “procedan a la búsqueda, ubicación y captura”.
Pese a que los querellantes, de la organización Tutela Legal “María Julia Hernández”, pidieron que se incluyera en la causa a otras personas como “autores intelectuales”, el juez se negó y dejó en manos de la Fiscalía su posible imputación.
Resolvió que Saravia “es el único que tiene calidad de imputado, no así las demás personas que mencionan los querellantes particulares, pues en el proceso no existe resolución en que se les haya dado tan calidad”.
Chicas ordenó en mayo de 2017 la reapertura del proceso penal por el homicidio de monseñor Romero, declarado santo de la iglesia católica el pasado 14 de octubre en el Vaticano.
El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 señaló como el responsable de dar la orden de asesinar a Romero al mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido del que fue diputado y candidato presidencial.
Según la resolución, un testigo declaró tres días después del asesinato que Saravia dijo a D’Aubuisson en una reunión que habían ejecutado el plan del homicidio y que este le dijo que “no lo hubieran hecho todavía”, a lo que el imputado respondió “como usted dio la orden, lo hicimos”.
“La voz de los sin voz”, como se conoce a monseñor Romero, se pronunciaba contra la violencia y las violaciones a los derechos humanos en los años previos a la guerra civil (1980-1992), con lo que se erigió en un referente en la defensa de los más vulnerables.
