Rodrigo Díaz M.
Tras 10 meses de tensas negociaciones, Chile ha ultimado el borrador de una nueva constitución que podría sustituir al documento redactado durante la dictadura del general Augusto Pinochet.
María Elisa Quinteros, presidenta de la asamblea paritaria de 154 miembros, presento formalmente el proyecto en una ceremonia que tuvo lugar esta semana en la ciudad portuaria de Antofagasta.
“Se trata de una constitución ecológica e igualitaria, cuyo núcleo son los derechos sociales”, declaró en una entrevista.
Entre la larga lista de derechos y libertades que consagra el proyecto, la nueva constitución establece la que la educación superior debe ser gratuita, garantiza la paridad de género en el gobierno y responsabiliza al estado de la prevención, adaptación y mitigación del cambio climático.
La constitución será sometida a referéndum el 4 de septiembre, en el que deberán votar todos los chilenos mayores de 18 años.
Chile estalló en protestas en el 2019 y millones de personas salieron a las calles denunciando un sinfín de desigualdades arraigadas. En respuesta, los partidos políticos alcanzaron un compromiso para avanzar hacia la sustitución de la constitución de la era Pinochet.
Casi el 80% de los votantes eligió comenzar ese camino en un plebiscito en octubre del 2020, y siete meses después izquierdistas e independientes irrumpieron en las elecciones para una convención constitucional.
“Con cada proyecto de ley aprobado hemos dado respuestas a las demandas de las manifestaciones del 2019, como mejor salud, educación y pensiones”, dijo Quinteros.
El nuevo documento ofrecerá por primera vez un reconocimiento constitucional a la población indígena de Chile.
“Ya sea que esta Constitución sea rechazada o aprobada [por el plebiscito], creo que los pueblos indígenas de Chile ya han ganado”, dijo Rosa Catrileo, que representa a los mapuches, el grupo indígena más grande del país.
“Hemos hecho visibles nuestras demandas a nivel nacional, por lo que nunca más seremos excluidos de la conversación”, afirmó.
El nuevo documento incluye incluso una cláusula para la restitución compensada de las tierras históricamente indígenas.
Entre otros muchos cambios, la constitución opta por eliminar el senado en favor de una legislatura unicameral y allana el camino para sustituir el sistema de derechos de agua privados de Chile, profundamente impopular.
Desde julio del año pasado, el antiguo edificio del Congreso en Santiago ha sido el escenario de una larga y a menudo amarga batalla pública sobre el futuro de Chile.
El proceso se diseñó en torno a la participación, con ciudadanos que podían refrendar artículos y debatir legislación en asambleas a lo largo y ancho de Chile.
Aunque la constitución de la época de Pinochet se reformó significativamente bajo la presidencia de Ricardo Lagos en el 2005, conserva las huellas ideológicas del dictador chileno. Omite ciertos derechos, como el derecho a la vivienda, y se centra en asegurar el legado del régimen militar, así como un modelo de prestación de servicios sociales basado en el mercado.
Con 499 artículos, la nueva constitución chilena sería la más larga del mundo, lo que suscita cierta preocupación por el enfoque “maximalista” adoptado por los delegados.
La convención se ha dividido en tres comisiones: una para racionalizar y condensar el documento; otra para trazar la transición de una constitución a la siguiente; y una tercera para redactar un preámbulo.
Sin embargo, el panorama es incierto antes del plebiscito de septiembre.
Los últimos sondeos sugieren que el entusiasmo inicial por la reforma se ha disipado: el 46% de los encuestados dice que rechazará el proyecto, frente al 38% que votará a favor.
Si el proyecto es aprobado por mayoría, será ratificado como la nueva constitución de Chile. Si es rechazado, la constitución de 1980, modificada en el 2005, seguirá en vigor.
