Rodrigo Díaz M.
Canadá está dispuesto a dar sus primeros pasos hacia la expropiación de activos en poder del gobierno ruso y de ciudadanos rusos sancionados para ayudar a financiar el esfuerzo bélico de Ucrania, medidas que podrían poner a prueba los límites del derecho internacional.
Ottawa promete actuar pronto, tras años liderando una presión internacional para utilizar las propias participaciones financieras de Moscú para ayudar a Ucrania a responder a la invasión a gran escala que Rusia lanzó en febrero del 2022.
Los países occidentales han tomado medidas para aislar a Rusia, entre otras cosas, sancionando a los acusados de ayudar a que la guerra continúe o de beneficiarse de ella.
Los estados tienden a sancionar a las personas y a congelar sus cuentas para cambiar su comportamiento. Pero en los últimos años ha surgido una nueva idea en las capitales del G7: utilizar el dinero de las cuentas congeladas, o los intereses devengados por esas cuentas, para ayudar a financiar la defensa de Ucrania.
Los defensores de la idea dicen que ofrece una forma más barata de ayudar a Ucrania a hacer retroceder a los rusos y reconstruir su infraestructura dañada.
También esperan que infligir un dolor financiero a Rusia pueda convencerla de detener o ralentizar sus mortíferos ataques aéreos, y disuadir a otros países de lanzar guerras similares.
Pero los críticos advierten que tal medida podría violar el derecho internacional y dar a los adversarios una excusa para robar propiedad privada.
Ottawa ha estado liderando el impulso entre los aliados para expropiar el dinero ruso para Ucrania, a pesar de que las participaciones rusas son escasas en Canadá.
La gran mayoría de los activos del fondo soberano y del banco central de Rusia están en bancos europeos, y lo mismo ocurre probablemente con los ciudadanos rusos sancionados. El aprovechamiento de estos fondos requeriría medidas tanto de la Unión Europea como de los países individuales, y no existe un consenso internacional sobre cómo proceder.
