Rodrigo Díaz M.
El Gobierno federal gastará más de seis billones de dólares en la compra de un sistema australiano de detección de misiles con radar de alerta temprana y 420 millones de dólares en la ampliación de la presencia militar canadiense en el norte durante todo el año para afirmar la soberanía en el Ártico, según ha declarado el primer ministro Mark Carney.
Además, Carney esbozó 253 millones de dólares en ayudas para vivienda e infraestructuras en todo el norte, dinero que servirá para mejorar las centrales eléctricas y eliminar la generación de energía con diésel en Iqaluit, lo que, según él, promoverá la soberanía en el Ártico y la reconciliación con las comunidades indígenas.
Sin embargo, la mayor parte del paquete de 6,6 billones de dólares no es una financiación nueva, sino que ya se aprobó en presupuestos anteriores y aún no se ha asignado.
Los seis billones de dólares para desarrollar la tecnología australiana permitirán establecer un sistema de detección de amenazas más “sofisticado” y robusto, y ya estaban previstos en el plan del gobierno de Trudeau para modernizar la alianza de cooperación conjunta entre Canadá y Estados Unidos para la defensa aérea de América del Norte, conocida como Norad.
Los líderes militares estadounidenses en Norad ya han dado luz verde a la compra australiana, porque se encuentra en una fase más avanzada que la tecnología estadounidense, un diseño de sexta generación, y estará lista para el 2029, ya que Canadá y Estados Unidos dan prioridad a la necesidad de hacer frente a los desafíos en el norte por parte de Rusia o China, según dos altos funcionarios del gobierno canadiense.
El sistema de radar de alerta temprana también tendrá una “huella” geográfica más pequeña en Canadá que la que tendría el sistema estadounidense y requerirá la instalación de postes o pequeñas torres a lo largo de una extensión de 1,3 kilómetros, cerca de Peterborough y cerca de la base de las Fuerzas Canadienses en Borden.
Un funcionario dijo que gran parte de la tierra ya ha sido comprada para las torres de 10 metros, y el gobierno federal no espera tener que ejercer su poder para expropiar el resto.