Por Oscar Vigil
TORONTO. Uno de los principales obstáculos que tiene el recién investido nuevo presidente es la Fiscal General de Guatemala Maria Consuelo Porras, quien fue nombrado por el gobierno anterior y que ha sido señalada de corrupción, de violaciones a las leyes del país y de realizar acciones antidemocráticas en contra del actual juramentado presidente. A ella se le unen en esta trama dos fiscales y un juez.
Es por esta razón que la Ministra de Relaciones Exteriores de Canada, Mélanie Joly, anunció esta semana que Canadá está estableciendo un nuevo régimen de sanciones en virtud de la “Ley de Medidas Económicas Especiales” para abordar la grave situación en Guatemala.
Las sanciones se aplican a cuatro personas: María Consuelo Porras Argueta de Porres (Fiscal General y Titular del Ministerio Público), Cinthia Edelmira Monterroso Gómez (fiscal), José Rafael Curruchiche Cucul (Fiscal Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público) y Jimi Rodolfo Bremer Ramírez (juez), “por su participación en actividades que promovieron directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad, incluso durante la administración anterior del presidente Alejandro Giammattei y después”.
En un anuncio hecho el martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que las personas sancionadas han trabajado incansablemente para socavar la democracia e impedir una transición pacífica del poder y que estas sanciones servirán para disuadir acciones obstruccionistas por parte de funcionarios públicos corruptos y para apoyar al gobierno democráticamente elegido de Bernardo Arévalo.
“El anuncio de hoy demuestra nuestro compromiso de contribuir a los esfuerzos de lucha por la democracia y los derechos humanos en Guatemala. Esperamos trabajar junto al gobierno democráticamente elegido de Arévalo”, dijo la ministra Mélanie Joly.
Dice que Canada, junto con sus socios internacionales, está imponiendo estas sanciones para contribuir colectivamente a los esfuerzos para combatir la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos en Guatemala. Además, la imposición de sanciones refleja el compromiso de Canadá de promover y proteger la democracia, el orden internacional basado en reglas y el estado de derecho.
En Canada viven actualmente alrededor de 30,000 personas de origen guatemalteco, según el último censo de Estadísticas Canada, las cuales residen mayoritariamente en las zonas metropolitanas de Toronto y Montreal, aunque también hay números más bajos en Vancouver, Calgary y otras ciudades importantes del país.
En su mayoría, la comunidad guatemalteca inmigró a este país como producto de la sangrienta guerra civil que enlutó al país Centroamericano durante 36 años, y no fue sino hasta el año 1996 que se firmaron los acuerdos de paz entre las guerrillas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno de Guatemala, que llegó un aire de paz y democracia al país. Sin embargo, este proceso demográfico ha estado fuertemente plagado de acciones antidemocráticas cometidas por diversos gobiernos en el poder, los cuales han alimentado la corrupción y la criminalidad de cuello blanco en el país, así como también algunos han promovido el auge del narcotráfico.
Una vez que el entonces candidato presidencial Bernardo Arevalo ganó en las elecciones el 25 de junio del 2023, fueron innumerables las acciones legales promovidas por la Fiscal Porras Argueta y un grupo de afines en el gobierno, el ejército y otras instituciones del estado, para impedir la juramentación de Arevalo. Y cuando este fue juramentado el pasado 14 de enero y preside el gobierno, la Fiscal Porras Argueta y su grupo continúa entorpeciendo el funcionamiento del nuevo gobierno.
Así, la ministra Mélanie Joly dice que “Canadá apoya al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional al condenar la corrupción y la impunidad arraigadas y está comprometido a trabajar con el gobierno democráticamente elegido de Arévalo para fortalecer la seguridad, los derechos humanos, la prosperidad inclusiva y el estado de derecho”,
Por lo que con efecto inmediato, Canadá está imponiendo sanciones contra estas cuatro personas por cometer actos de corrupción significativa y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en Guatemala.
El “Reglamento de Medidas Económicas Especiales” hacia Guatemala impone una prohibición sobre las transacciones relacionadas con las personas incluidas en la lista, congelando efectivamente cualquier activo que puedan tener en Canadá. Las personas incluidas en la lista también quedan inadmisibles en Canadá en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados.
Los afectados son María Consuelo Porras Argueta de Porres (Fiscal General y Titular del Ministerio Público), Cinthia Edelmira Monterroso Gómez (fiscal), José Rafael Curruchiche Cucul (Fiscal Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público) y Jimi Rodolfo Bremer Ramírez (juez). Estas sanciones están en línea con las de la Unión Europea y Estados Unidos, aliados que recientemente han impuesto medidas dirigidas a individuos guatemaltecos antidemocráticos.
Hay que hacer notar que los esfuerzos de asistencia internacional de Canadá en Guatemala promedian $22 millones por año y abordan la desigualdad de género, las violaciones de derechos humanos, la violencia, la inseguridad alimentaria, los desastres naturales y la falta de oportunidades económicas, así como la corrupción y la impunidad.
De igual forma, que Guatemala es el mayor socio comercial bilateral de Canadá en Centre América. Las principales exportaciones de Canadá incluyen cereales, papel y cartón, grasas y aceites, productos farmacéuticos, fertilizantes y plásticos. Las principales importaciones de Canadá desde Guatemala incluyen frutas, café, verduras, prendas de punto y azúcar.
