Rodrigo Díaz M.
Un juez del Tribunal Federal ha aprobado verbalmente un acuerdo histórico de 23 billones de dólares por el que Ottawa indemnizará a más de 300 mil niños de las Primeras Naciones y a sus familias por la crónica infrafinanciación de los servicios de bienestar infantil en las reservas.
El acuerdo llega más de 15 años después de que la Asamblea de las Primeras Naciones y la Sociedad de Atención a la Infancia y la Familia de las Primeras Naciones presentaran conjuntamente una queja sobre derechos humanos que desencadenó una larga batalla legal contra Ottawa.
Cindy Blackstock, directora ejecutiva de la Sociedad de Ayuda a la Infancia y la Familia de las Primeras Naciones, dijo que pensaba en las víctimas y que esperaba ver “ayudas integrales” para ellas a medida que avanzaba el proceso.
La denuncia del 2007 giraba en torno a las alegaciones de que la financiación insuficiente por parte de Ottawa de los servicios de bienestar infantil en las reservas equivalía a discriminación, y que a los niños de las Primeras Naciones se les negaba la igualdad de acceso a ayudas como material escolar y médico.
El tribunal determinó en el 2016 que las Primeras Naciones se veían perjudicadas por los servicios prestados por el gobierno y, en algunos casos, se les denegaban servicios como consecuencia de la implicación del gobierno.
“El tribunal reconoce el sufrimiento de aquellos niños y familias de las Primeras Naciones a los que se les niega o se les ha negado una oportunidad equitativa de permanecer juntos o de reunirse de manera oportuna”, decía la sentencia del 2016.
El bienestar infantil también figuraba entre las cuestiones centrales señaladas en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que dedicó seis años a profundizar en el sistema de internados que funcionó desde la década de 1870 hasta 1996.
El acuerdo propuesto incluye 23 millones de dólares en indemnizaciones para más de 300 mil niños y sus familias, y otros 20 billones para reformar el sistema de bienestar infantil.
El año pasado, Ottawa ofreció destinar 20 billones de dólares a reformar el sistema de bienestar infantil y otros 20 billones a indemnizaciones, pero el tribunal rechazó la propuesta y expresó su preocupación por el hecho de que no todos los demandantes que reunían los requisitos recibieran una indemnización.
La ministra de Servicios Indígenas, Patty Hajdu, dijo que la aprobación del acuerdo es una pieza de una reforma más amplia del sistema de bienestar infantil, y los supervivientes han dicho que una suma monetaria no curará los traumas que han sufrido. “Las familias quedaron destrozadas. La gente creció sin saber nada de sus orígenes, de su verdadera conexión con la cultura o la lengua”, dijo Hajdu.
