Rodrigo Díaz M.
Casi un año después de su presentación, los diputados han aprobado un proyecto de ley de control de armas que endurece las restricciones a las armas cortas, aumenta las penas por tráfico de armas de fuego e intenta frenar las armas fantasmas de fabricación casera.
La legislación, ahora en manos del Senado, también incluye una prohibición de las llamadas armas de fuego “de asalto” que se aplicaría una vez que el proyecto de ley entre en vigor.
La Cámara de los Comunes aprobó el proyecto gubernamental por 207 votos a favor y 113 en contra, con el apoyo de los diputados liberales, del NDP, del Bloc Québécois y de los Verdes.
Los conservadores se oponen a la ley, alegando que penaliza a los propietarios de armas de fuego respetuosos con la ley en lugar de centrarse en la violencia delictiva con armas de fuego.
El ministro de seguridad pública, Marco Mendicino, afirmó en un vídeo publicado en Internet tras la votación que las medidas salvarían vidas. “Esta es la legislación de control de armas más importante en una generación”.
Las objeciones de los conservadores y de algunos propietarios de armas sobre el alcance inicial de la prohibición de las denominadas armas de fuego “de asalto” provocaron un revuelo que marginó el proyecto de ley durante meses.
Los liberales retiraron en febrero una enmienda al proyecto de ley que habría detallado en la ley los distintos modelos que quedaban incluidos en la prohibición.
Se había promocionado la definición como una medida permanente que consagraría en la legislación una prohibición reglamentaria en mayo del 2020 de unos 1.500 modelos y variantes de armas de fuego, incluido el AR-15, así como otros 482 señalados posteriormente.
El gobierno retiró la medida tras semanas de críticas por parte de diputados conservadores y algunos defensores de las armas de fuego, que afirmaron que la definición prohibiría muchos rifles y escopetas de caza de uso común, señalando innecesariamente a los propietarios de armas.
Con un enfoque renovado, el gobierno elaboraría reglamentos a través de la Ley de Armas de Fuego para garantizar que las armas se clasifican correctamente antes de entrar en el mercado canadiense.
Sin embargo, esto no se aplicaría a los 482 modelos que quedaron fuera de la prohibición reglamentaria del 2020.
El gobierno tiene previsto reactivar un comité consultivo sobre armas de fuego, formado por grupos y particulares interesados, que formulará recomendaciones sobre la clasificación de las armas de este tipo que ya están en el mercado.
Al presentar el proyecto de ley el año pasado, los liberales anunciaron un plan para congelar la importación, compra, venta o cualquier otro tipo de transferencia de armas de mano con el fin de contribuir a reducir la violencia relacionada con las armas de fuego. La normativa federal destinada a limitar el número de armas de fuego cortas en Canadá ya está en vigor.
El proyecto de ley contiene medidas que reforzarían la congelación de las pistolas y revólveres. La legislación también permitiría retirar las licencias de armas a las personas implicadas en violencia familiar, así como aumentar las penas máximas por contrabando y tráfico de armas de 10 a 14 años.
