El primer ministro Mark Carney defendió este martes su ambicioso paquete de reformas económicas y aseguró que su gobierno tiene un “mandato muy claro” para acelerar grandes proyectos, modernizar las reglas laborales y reducir obstáculos regulatorios, pese a las críticas surgidas desde varios sectores.
Sus declaraciones llegaron un día después de que el gobierno presentara Bill C-39, Building Canada Strong Act, una legislación de 246 páginas que propone transformar la manera en que Ottawa revisa y aprueba proyectos de infraestructura, energía y recursos naturales.
Uno de los cambios centrales establece como objetivo que las revisiones y decisiones federales se completen dentro de un año después de que el proponente entregue toda la información requerida. Ottawa también busca que diferentes permisos y evaluaciones se realicen en paralelo, en lugar de avanzar uno después del otro.
Carney sostiene que Canadá necesita actuar con mayor rapidez para atraer inversiones, desarrollar infraestructura y responder a la creciente presión económica internacional, especialmente en medio de la guerra comercial con Estados Unidos.
El primer ministro argumentó que los votantes respaldaron una agenda de fortalecimiento económico durante la última elección general y que posteriores elecciones parciales reforzaron ese mandato. Actualmente, los liberales cuentan con mayoría en la Cámara de los Comunes, lo que les permite avanzar legislación sin depender del apoyo de los partidos de oposición.
Sin embargo, la legislación está generando oposición.
Organizaciones ambientales temen que acelerar las evaluaciones reduzca el tiempo disponible para analizar impactos ecológicos y consultar adecuadamente a comunidades afectadas. El gobierno insiste en que los estándares ambientales no serán eliminados y que los derechos indígenas continuarán siendo respetados durante el proceso.
El otro gran foco de controversia está en las relaciones laborales.
Bill C-39 propone modificar la Sección 107 del Canada Labour Code, que permite al gobierno intervenir en huelgas o cierres patronales dentro de sectores regulados federalmente. La nueva fórmula exigiría primero la intervención de un mediador especial y una evaluación del impacto nacional antes de que el ministro pueda ordenar la reanudación de operaciones o establecer un mecanismo vinculante como arbitraje.
El gobierno presenta estos cambios como una forma de limitar y clarificar cuándo Ottawa puede intervenir. Algunos sindicatos, sin embargo, consideran que la legislación todavía deja demasiado poder discrecional al gobierno.
Teamsters Canada advirtió que el proyecto no establece suficientes barreras para impedir que un futuro gobierno utilice la noción de “interés nacional” para terminar una huelga. El sindicato sostiene que esa posibilidad puede debilitar el incentivo de los empleadores para negociar de buena fe.
Al mismo tiempo, el proyecto incluye medidas adicionales destinadas a los trabajadores, entre ellas la contratación de 100 nuevos inspectores de salud y seguridad, 26 empleados adicionales para reducir atrasos en el Canada Industrial Relations Board y mayores controles contra la clasificación incorrecta de trabajadores.
Carney rechazó la idea de que su gobierno esté eliminando derechos laborales y sostuvo que la reforma busca precisamente reforzar la negociación colectiva mientras establece reglas más claras para situaciones excepcionales.
La discusión alrededor de Bill C-39 refleja una tensión más amplia en la estrategia económica del gobierno: cómo construir grandes proyectos con mayor rapidez sin debilitar protecciones laborales, ambientales o indígenas.
El Parlamento deberá ahora debatir el proyecto y podrá introducir modificaciones antes de su aprobación final. Con una mayoría liberal en la Cámara, el gobierno cuenta con los votos necesarios para avanzar, pero el contenido definitivo dependerá también del proceso parlamentario y de la presión que ejerzan sindicatos, provincias, grupos indígenas, empresas y organizaciones ambientales.
