La nueva ofensiva arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump podría causar algo más que pérdidas económicas para Canadá. La selección de los productos afectados y de los sectores exentos amenaza con enfrentar los intereses de unas provincias con los de otras, complicando la capacidad de Ottawa para ofrecer una respuesta nacional unificada.
El gobierno de Estados Unidos anunció aranceles adicionales del 50 por ciento sobre una amplia variedad de bienes canadienses, entre ellos vino, productos lácteos, cemento y artículos deportivos. Las tarifas entrarán en vigor el 19 de agosto y se aplicarán incluso a productos que anteriormente podían ingresar sin impuestos bajo el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México.
Sin embargo, Washington dejó fuera de la medida a sectores estratégicos como la energía, la potasa, el pescado y los minerales críticos. Esa diferencia constituye el centro del argumento presentado por la revista The Walrus, que advierte que la política estadounidense permite castigar a ciertas regiones del país mientras protege actividades económicas importantes para otras.
Los productos gravados afectan especialmente a fabricantes, productores y pequeñas empresas ubicadas en Ontario y Quebec, mientras que algunas de las principales exportaciones de Alberta y Saskatchewan —el petróleo y la potasa— quedaron excluidas. El pescado, importante para varias comunidades del Atlántico, y los minerales críticos también recibieron exenciones.
Los aranceles no mencionan directamente a ninguna provincia y no existe evidencia pública que confirme que su objetivo oficial sea dividir Canadá. No obstante, su impacto desigual podría generar presiones políticas. Las provincias más afectadas pueden exigir represalias inmediatas, mientras aquellas cuyos principales productos fueron excluidos podrían mostrarse menos dispuestas a arriesgar su acceso al mercado estadounidense.
Esa división ya comenzó a manifestarse. Ontario Premier Doug Ford pidió responder “dólar por dólar” a las tarifas estadounidenses. British Columbia Premier David Eby sugirió utilizar el acceso a minerales críticos como instrumento de negociación. Alberta y Saskatchewan, en cambio, rechazaron restringir o imponer gravámenes sobre sus exportaciones de petróleo y potasa hacia Estados Unidos.
Esta diferencia coloca al gobierno federal en una posición difícil. Una respuesta basada en limitar recursos energéticos o minerales podría generar mayor presión sobre Washington, pero también perjudicar los ingresos y empleos de las provincias productoras. Una reacción más moderada, por otra parte, podría ser interpretada por los sectores afectados como una defensa insuficiente de la manufactura y de las pequeñas empresas canadienses.
La Casa Blanca sostiene que los aranceles buscan responder al supuesto trato discriminatorio de Canadá hacia los automóviles, las bebidas alcohólicas y los productos lácteos estadounidenses. Ottawa rechaza esa interpretación y afirma que muchas de sus medidas fueron adoptadas como respuesta a acciones comerciales iniciadas previamente por Estados Unidos.
Los nuevos gravámenes podrían afectar alrededor de $28,000 millones en exportaciones anuales canadienses y reducir entre dos y tres décimas el crecimiento económico del país durante 2026 y 2027. Aunque los economistas no anticipan necesariamente una recesión, advierten que la incertidumbre puede frenar inversiones, contrataciones y el consumo de los hogares.
El primer ministro Mark Carney aseguró que Canadá intensificará las negociaciones y tomará las medidas necesarias para proteger a trabajadores, agricultores y empresas. También ha insistido en buscar un acuerdo integral, en lugar de negociar por separado las necesidades de cada industria.
La advertencia planteada por The Walrus no significa que la fragmentación del país sea inevitable. Sin embargo, muestra que una guerra comercial no afecta a todos por igual. Si Ottawa no logra equilibrar las distintas prioridades regionales, Washington podría aprovechar esas diferencias y convertir una disputa arancelaria en una prueba mucho más profunda para la unidad política y económica de Canadá.
