Decenas de abogados de inmigración y refugio en Canadá presentaron impugnaciones constitucionales contra la nueva ley federal de asilo, argumentando que podría dejar a miles de solicitantes en un limbo legal y violar derechos fundamentales protegidos por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Hasta ahora, ya se han presentado más de 30 casos ante la Corte Federal contra el proyecto de ley C-12, en efecto desde el 26 de marzo, que impide solicitar refugio a personas que lleven más de un año en Canadá desde su primera entrada al país.
La nueva legislación también elimina la posibilidad de pedir asilo para quienes hayan cruzado irregularmente la frontera entre Canadá y Estados Unidos después de junio de 2025. El gobierno liberal asegura que la medida busca reducir el retraso en el sistema migratorio y evitar abusos. Sin embargo, abogados y organizaciones de apoyo a refugiados sostienen que la ley afectará especialmente a personas vulnerables, incluyendo víctimas de violencia doméstica, personas 2SLGBTQ+ y migrantes provenientes de países en conflicto como Afganistán, Haití, Irán, Somalia y Sudán.
Expertos legales afirman que miles de personas podrían perder acceso a audiencias completas ante la Junta de Inmigración y Refugio y quedar sujetas a evaluaciones administrativas con menos protecciones legales y sin derecho formal de apelación. Abogados en Toronto, Ottawa, Halifax y Vancouver señalaron que ya están viendo casos de familias paralizadas por la incertidumbre, estudiantes abandonando sus estudios y solicitantes enfrentando crisis de salud mental tras recibir cartas indicando que podrían ser deportados. La batalla constitucional podría extenderse durante años mientras las cortes deciden si la nueva ley respeta los derechos garantizados por la Constitución canadiense.
Polémica en Canadá por ley que impediría pedir refugio después de un año
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