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Miles de solicitantes de asilo en Canadá enfrentan un futuro incierto tras la implementación de nuevas reglas migratorias que permiten al gobierno cancelar reclamaciones de refugio bajo ciertos criterios, una medida que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y expertos en inmigración.
Los cambios forman parte de la ley conocida como Bill C-12, que entró en vigor en marzo de 2026 con el objetivo de reducir la presión sobre el sistema de asilo. Entre las nuevas disposiciones, se establece que las solicitudes presentadas más de un año después de la primera entrada al país ya no serán elegibles para ser evaluadas por la Junta de Inmigración y Refugiados.
Además, la legislación introduce restricciones para quienes cruzan la frontera desde Estados Unidos de manera irregular, exigiendo que presenten su solicitud dentro de los primeros 14 días para poder acceder al sistema formal de protección.
Estas medidas han llevado a la cancelación de miles de solicitudes, dejando a muchos migrantes en una situación de incertidumbre legal. En algunos casos, las personas afectadas ya vivían en Canadá durante meses o incluso años antes de presentar su solicitud, lo que ahora las excluye automáticamente del proceso.
Aunque el gobierno sostiene que las reformas buscan proteger la integridad del sistema y evitar abusos, críticos argumentan que las nuevas reglas pueden poner en riesgo a personas vulnerables que enfrentan situaciones de violencia o persecución en sus países de origen.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que estas medidas podrían generar un “limbo legal”, en el que los migrantes no califican para el proceso formal de refugio, pero tampoco pueden ser deportados de inmediato si enfrentan riesgos en sus países.
En estos casos, los afectados pueden solicitar una evaluación previa a la deportación, conocida como PRRA, pero expertos señalan que este proceso no ofrece las mismas garantías que una audiencia completa de asilo.
El impacto de estas medidas es especialmente significativo en provincias como Ontario, donde se concentra una gran parte de los solicitantes de refugio en el país.
Para muchos migrantes, la situación representa una espera indefinida, con acceso limitado a servicios, empleo y estabilidad legal.
Analistas destacan que el caso refleja un cambio importante en la política migratoria canadiense, orientado hacia un mayor control del sistema, pero que también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre eficiencia y protección humanitaria.
En conjunto, la cancelación de solicitudes de asilo evidencia los desafíos que enfrenta Canadá al gestionar un sistema bajo presión, mientras intenta mantener su compromiso con la protección de personas vulnerables.
