Una petición al gobierno de revisar los beneficios de salud disponibles para solicitantes de asilo y restringir la cobertura para quienes hayan visto rechazadas sus solicitudes será votada hoy por miembros del Parlamento del Partido Conservador.
La MP conservadora Michelle Rempel Garner dijo que, además, se busca instar al gobierno a aprobar medidas para expulsar de inmediato a extranjeros condenados por delitos graves en Canadá y limitar la cobertura de quienes tengan solicitudes de refugio rechazadas a atención de emergencia universal.
En Canadá, los solicitantes de asilo reciben cobertura médica a través del Programa Federal Interino de Salud, conocido como IFHP por sus siglas en inglés. El programa cubre la mayoría de los servicios médicos que reciben los canadienses bajo los sistemas provinciales y territoriales, incluidos hospitalización, consultas médicas, ambulancias y pruebas de laboratorio. También contempla beneficios suplementarios como consejería, terapias ocupacionales, prótesis, ayudas de movilidad, atención dental urgente y cobertura limitada de la vista. Rempel Garner sostiene que esta cobertura suplementaria supera la que reciben algunos canadienses y señaló que el costo anual del programa alcanzará casi 900 millones de dólares en 2025-26.
Un informe reciente de la Oficina del Director de Presupuesto del Parlamento indica que el costo del IFHP aumentó de 211 millones de dólares en 2020-21 a 896 millones en 2024-25, debido al incremento tanto en el número de beneficiarios como en el gasto promedio por persona. El informe proyecta que el programa podría alcanzar 1.500 millones de dólares anuales para 2029-30, con un ritmo de crecimiento más moderado en los próximos años. A partir del 1 de mayo entrará en vigor un sistema de copago que exigirá a los beneficiarios pagar cuatro dólares por cada receta cubierta y 30 por ciento del costo de otros servicios suplementarios. La cobertura puede perderse si el solicitante retira o abandona su caso o si este es declarado inadmisible sin derecho a apelación.
El aumento de los costos está vinculado al alza en las solicitudes de asilo en los últimos años. En 2020 se presentaron cerca de 19.000 solicitudes, cifra que superó las 190.000 en 2024, aunque el número bajó a unas 83.000 entre enero y septiembre del año pasado. El sistema acumula un retraso cercano a 300.000 casos.
La ministra de Inmigración, Lena Metlege Diab, afirmó que disposiciones incluidas en el proyecto de ley C-12 permitirán rechazar con mayor rapidez las solicitudes fraudulentas y reducir el número de casos inadmisibles. Durante el período de preguntas, el líder conservador Pierre Poilievre pidió al primer ministro Mark Carney que respalde la moción, mientras que Carney respondió que las solicitudes de asilo han disminuido en el último año y que el sistema migratorio está bajo control. MPs del Nuevo Partido Demócrata (NDP) señalaron por su parte que el aumento de costos responde a retrasos administrativos y defendieron acelerar el procesamiento de las solicitudes.
