En el marco de la próxima consulta popular sobre separar Alberta de Canadá, y luego que la Premier Danielle Smith dijera en su programa radial que ella desearía “poder dirigir a los jueces”, las máximas autoridades judiciales de Alberta emitieron el martes un inusual comunicado público para enfatizar la importancia de la independencia judicial de otros poderes.
El mensaje, firmado por la jueza presidenta interina de Alberta, Dawn Pentelechuk, el juez presidente del Court of King’s Bench, Kent Davison, y el juez presidente de la Corte de Justicia de Alberta, James Hunter, fue publicado en el sitio oficial de los tribunales de la provincia. En el texto se destaca que la separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial es esencial para el funcionamiento de una democracia y que cada uno debe respetar la autonomía de los otros.
La declaración se conoció pocos días después de comentarios realizados por la Premier de Alberta, Danielle Smith, durante su programa radial semanal, en los que expresó su frustración con algunas decisiones judiciales y afirmó que le gustaría poder dirigir a los jueces. Smith abordó el tema en el contexto de la discusión sobre reformas al sistema de libertad bajo fianza y señaló que las provincias solo participan en la selección de jueces de instancias inferiores, mientras que los tribunales superiores dependen del gobierno federal. También planteó la posibilidad de un proceso conjunto con Ottawa para la designación de jueces que reflejen, según dijo, los valores de Alberta.
En respuesta al pronunciamiento judicial, la oficina de la Premier indicó que el gobierno provincial respeta el rol de cada poder del Estado y apoya su independencia, aunque reconoció que existe preocupación pública por el funcionamiento del sistema de justicia penal. Voceros del ámbito judicial señalaron que el mensaje busca aclarar el papel de los tribunales ante posibles malentendidos. El debate generó reacciones de académicos, organizaciones legales y líderes de la oposición, quienes advirtieron que cuestionar la capacidad de los tribunales para actuar de forma independiente puede socavar el Estado de derecho y la confianza pública en el sistema democrático.
