Rodrigo Díaz M.
La cadena de comida rápida Popeyes Louisiana Kitchen ha sido demandada. Se le acusa de comprar carne de pollo “insalubre” a un vendedor no autorizado que, supuestamente, almacenaba y envasaba pollo crudo en garajes residenciales en Ontario.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario el 26 de mayo por ADP, un antiguo proveedor de pollo crudo de Popeyes. La empresa alega que perdió su contrato con Popeyes tras plantear sus preocupaciones sobre el “suministro inseguro” de los productos.
Popeyes, Restaurant Brands International (RBI), la empresa con sede en Toronto propietaria de la cadena de comida rápida, y Restaurant Services Canada Inc. (RSCI), la empresa encargada de la cadena de suministro, figuran como demandados en la demanda.
Por su parte, Popeyes afirmó en un comunicado que las acusaciones de ADP Direct Poultry Ltd. son infundadas y que, tras una investigación, no ha encontrado “ninguna prueba” que las respalde.
La demanda también nombra a otra empresa como proveedor no autorizado que supuestamente suministró, en ocasiones, pollo “podrido o caducado” considerado “no apto para el consumo humano” a varios franquiciados de Ontario. Los documentos añaden que este pollo supuso un riesgo para la salud pública, ya que se entregó en vehículos que no disponían de la refrigeración adecuada para evitar su deterioro.
La demanda alega que estos productos contaminados fueron comprados por varios franquiciados, tanto conocidos como desconocidos por ADP, todos ellos nombrados en la demanda, debido a sus precios más bajos.
Por otro lado, la demanda también alega que los franquiciados continuaron vendiendo el pollo a los clientes, incluso después de que ADP expresara su preocupación por que los productos no cumplían con las normas de salud y seguridad alimentaria. Las acusaciones no han sido probadas en los tribunales.
Además, el proveedor de pollo crudo reclama al menos 10 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a la empresa no autorizada, a la que considera responsable de “interferir ilegalmente” en la relación económica de ADP con Popeyes, así como 500 mil dólares en concepto de daños y perjuicios agravados.
