Rodrigo Díaz M.
Los jornaleros y trabajadores de la construcción de la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez están construyendo su propia pequeña ciudad. Un campamento de tiendas de campaña.
En el antiguo recinto ferial, bajo un altar construido para una misa por el papa Francisco en el 2016, el gobierno mexicano se prepara para recibir a miles de deportados que esperan que lleguen de Estados Unidos en las próximas semanas.
Ciudad Juárez es uno de los ocho puntos fronterizos a lo largo de los tres mil kilómetros de frontera donde México se prepara para la afluencia prevista.
La presidenta Sheinbaum ha subrayado que su gobierno atenderá primero las necesidades humanitarias de los que regresen, diciendo que podrán optar a los programas sociales y pensiones de su gobierno, y que serán inmediatamente elegibles para trabajar.
Instó a los mexicanos a “mantener la calma y la cabeza fría” en lo que respecta a las relaciones con el presidente Trump y su administración en general, desde las deportaciones hasta la amenaza de los aranceles.
Sin embargo, reconoce sin duda el estrés potencial que la declaración de emergencia en la frontera de Estados Unidos por parte del presidente Trump podría suponer para México.
El martes, la presidenta Sheinbaum declaró que México no actuará como un “tercer país seguro” para la recepción de migrantes no mexicanos deportados de Estados Unidos.
Sus comentarios se produjeron en respuesta a una nueva orden ejecutiva de Donald Trump, que restablece los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), también conocidos como el programa “Permanecer en México”.
En virtud del MPP, la administración Trump enviará a México a los migrantes que soliciten asilo en los Estados Unidos, donde se les exigirá que tramiten sus solicitudes de asilo y esperen mientras las autoridades estadounidenses revisan sus casos.
Se estima que cinco millones de mexicanos indocumentados viven actualmente en Estados Unidos y la perspectiva de un retorno masivo podría saturar y abrumar rápidamente ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana.
Los grupos de derechos humanos también denunciaron repetidamente los riesgos a los que estaban expuestos los inmigrantes al verse obligados a esperar en ciudades peligrosas donde abundan los delitos relacionados con los cárteles de la droga.
