Rodrigo Díaz M.
Ontario ha presentado un proyecto de ley que pretende cerrar 10 lugares de consumo supervisado que el gobierno considera que están demasiado cerca de escuelas y guarderías.
El proyecto de ley, si es aprobado por el gobierno de mayoría conservadora progresista, también obligaría a los municipios a obtener la aprobación provincial para poner en marcha nuevos lugares de consumo supervisado.
El proyecto de ley también exigiría que los municipios obtuvieran la aprobación provincial para participar en el programa federal de suministro seguro, por el que los médicos recetan opiáceos de calidad farmacéutica a las personas con trastornos por consumo de sustancias.
Ontario está abandonando la reducción de daños en favor de un modelo basado en la abstinencia y tiene previsto poner en marcha 19 nuevos centros de tratamiento de recuperación de adicciones y personas sin hogar (o centros HART, como los denomina la provincia), además de 375 viviendas de alto apoyo, con un costo previsto de 378 millones de dólares.
Las medidas forman parte de un proyecto de ley general de seguridad ciudadana que endurece considerablemente las penas para quienes sean declarados culpables de utilizar un número de identificación de vehículo falso y prohíbe el cambio de nombre a quienes figuren en el registro provincial de delincuentes sexuales.
Trabajadores de la salud, defensores de los derechos humanos y personas sin hogar han afirmado que el cierre de lugares de consumo provocaría más muertes.
