Rodrigo Díaz M.
La policía de Perú ha allanado el domicilio de la presidenta Dina Boluarte en el marco de una investigación por corrupción bautizada como “Rolexgate”.
Las autoridades buscaban más de una docena de relojes Rolex que la presidenta Boluarte supuestamente no había declarado.
La investigación se inició después de que un reportaje periodístico llamara la atención sobre los relojes de lujo que llevaba en actos públicos, desde que asumió el cargo en diciembre del 2022.
El gobierno de Perú calificó el sábado la redada de “desproporcionada e inconstitucional”. “El ruido político que se está haciendo es grave, afecta a las inversiones y a todo el país”, escribió el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzen, en X, antes Twitter.
La Contraloría General del Estado anunció a principios de mes que revisaría las declaraciones de bienes de Boluarte de los dos últimos años.
La semana pasada, Boluarte insistió en que entró en el gobierno “con las manos limpias” y que “lo dejaría con las manos limpias” y aseguró que su Rolex era un artículo antiguo que había comprado con los ingresos de su trabajo desde que tenía 18 años.
La redada de la madrugada del sábado, una operación conjunta de la policía y la fiscalía, fue retransmitida por el canal de televisión local Latina.
La policía derribó la puerta de la residencia del presidente, al parecer después de que las peticiones de los funcionarios para que abrieran y les permitieran buscar pruebas quedaran sin respuesta.
Unos 20 fiscales y 20 policías participaron en las redadas en el distrito limeño de Surquillo, a pocos kilómetros del palacio de gobierno, que también fue allanado.
Adrianzen precisó que la presidenta, que aún no se ha pronunciado sobre los allanamientos, se encontraba en su despacho.
La redada se produjo después de que los fiscales denegaran la solicitud de Boluarte de más tiempo para responder a una citación judicial en la que se le pedía que presentara pruebas de la compra de sus relojes.
Boluarte, ex abogada, llegó a la presidencia después de que su predecesor, Pedro Castillo, fuera destituido tras su intento de disolver el congreso y gobernar por decreto.
La destitución de Castillo desencadenó violentas protestas que exigían la dimisión de Boluarte y la celebración de nuevas elecciones. Decenas de personas murieron en los enfrentamientos.
