Muchas de las afectadas creyeron que estaban recibiendo la operación conocida como ligadura de trompas, pero en realidad recibieron esterilización total.
Por Raúl A. Pinto
Por lo menos 60 mujeres aborígenes canadienses han presentado una demanda colectiva, cuyos inicios datan del 2017, argumentando que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas durante los últimos 20 a 25 años en la provincia de Saskatchewan. Cada una de ellas pide cerca de $7 millones de dólares por daños.
Contando la mayoría de los supuestos casos, muchos ocurrieron tan recientemente como el año pasado, cuando médicos les informaron que los procedimientos realizados eran irreversibles.
Muchas de las afectadas creyeron que estaban recibiendo la operación conocida como ligadura de trompas, pero en realidad recibieron esterilización total.
La abogado Alisa Lombard, de la firma Maurice Law, dijo a CBC News que esto se realizó gracias a la presión de los lugares de trabajo y la mala información de los hospitales donde se atendieron.
“Muchas de ellas han sufrido ataques y han sido diagnosticadas de depresión persistente, y ansiedad. Muchas de ellas, debido a estas circunstancias, ya no están entre nosotros”, dijo Lombard, agregando que “en medio de la agresión laboral que recibían las mujeres eran acosadas, hostigadas y finalmente obligadas a firmar estos formularios de consentimiento”.
Además la abogada comentaba que varios testimonios de estas mujeres aseguran que les dijeron que no podían irse hasta que les ataran, cortaran o cauterizaran las trompas. De lo contrario, se les decía que “no podían ver a sus hijos recién nacidos hasta que ellas estuvieran de acuerdo”.
Por otra parte, la Ministra de Servicios Indígenas Jane Philpott calificó estos hechos como “una grave violación de los derechos humanos”.
“Todas las personas tienen un rol que desempeñar para garantizar que pacientes indígenas reciban una atención médica de calidad y sin prejuicios, y que se incluya la garantía que los profesionales médicos reciban adecuada capacitación en seguridad cultural, como lo estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”.
Lombard dijo que la demanda va dirigida contra los médicos y personal involucrado, la oficina de salud de Saskatchewan, el gobierno provincial y el Saskatchewan y el Gobierno de Canadá.
Maurice Law, la primera firma de abogados de propiedad indígena, lleva esta demanda adelante justo cuando senadores canadienses han pedido una revisión a nivel nacional de estas operaciones en mujeres indígenas.
