Rodrigo Díaz M.
El Tribunal Federal ha dictaminado que la decisión del gobierno de Trudeau de invocar la Ley de Emergencias durante el llamado “Convoy de la Libertad” que descendió sobre Ottawa en el 2022 violaba la Carta de Derechos y Libertades.
En su fallo, el juez Richard G. Mosley dijo que la medida era “irrazonable” y estaba fuera del alcance de la ley. Mosley lleva 21 años en el Tribunal Federal y es una voz respetada en asuntos jurídicos de seguridad nacional. Ha intervenido en algunos de los casos recientes más sonados de la inteligencia canadiense, incluida una decisión del 2016 que determinó que el CSIS había estado almacenando ilegalmente datos de comunicación de canadienses durante más de una década.
El caso fue presentado por la Asociación Canadiense de Libertades Civiles (CCLA), la Fundación de la Constitución Canadiense, Canadian Frontline Nurses y un puñado de particulares.
La Viceprimera ministra, Chrystia Freeland, afirma que Ottawa apelará la sentencia.
“Respetamos mucho el poder judicial independiente de Canadá, sin embargo, no estamos de acuerdo con esta decisión, y respetuosamente la apelaremos”, dijo Freeland.
La situación se extendió más allá de Ottawa, hasta el puente Ambassador de Windsor, una ruta comercial clave con Estados Unidos, y el paso fronterizo de Coutts, en Alberta.
Cuatro personas fueron acusadas de conspiración para cometer asesinato en relación con el bloqueo fronterizo de Coutts.
Gran parte del bloqueo de Coutts se despejó antes de la declaración de emergencia de orden público del 14 de febrero del 2022, primer paso para invocar la ley.
La CCLA argumentó con éxito que las leyes vigentes en Canadá eran suficientes para hacer frente a los bloqueos y que no eran necesarios los poderes extraordinarios otorgados por la Ley de Emergencias.
La Comisión de Emergencia de Orden Público era obligatoria en virtud de la ley, que establece que cada vez que se invoque la Ley de Emergencias debe realizarse una investigación para determinar si el uso estaba justificado, y que el trabajo al respecto debe comenzar en un plazo de 60 días.
La sentencia incluye un memorando secreto de febrero del 2022 de la Oficina del Consejo Privado (PCO), el departamento del gobierno central que apoya al primer ministro, en el que se recomendaba a Trudeau invocar los poderes de emergencia.
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