Rodrigo Díaz M.
El comisario de integridad de Ontario afirma que abrirá una investigación para determinar si el ministro de vivienda, Steve Clark, infringió las normas sobre conflicto de intereses e información privilegiada al abrir partes del Cinturón Verde a la urbanización.
J. David Wake, el comisionado de integridad, presentó un informe ante el presidente de la Cámara de los Comunes hoy, en respuesta a una denuncia presentada por el líder del Partido Verde, Mike Schreiner, el 28 de noviembre de 2022, en virtud del artículo 30 de la Ley de Integridad de los Miembros, de 1994.
“El Sr. Schreiner solicitó una opinión sobre si el premier Ford y el ministro Clark contravinieron las secciones 2 (Conflicto de intereses) y 3 (Información privilegiada) de la Ley, así como la convención parlamentaria de Ontario con respecto a la reciente propuesta y legislación para abrir partes del Cinturón Verde para el desarrollo de viviendas”, dice la oficina del ministro de integridad.
“El comisario Wake determinó que no había motivos suficientes para llevar a cabo una investigación”.
Esencialmente, el comisario investigará si Clark avisó a los promotores antes de revelar los planes para abrir el Cinturón Verde.
A finales del año pasado, el gobierno de Ford reveló que 7.400 acres de tierra serían retirados del Cinturón Verde y convertidos en urbanizaciones. El gobierno también propone añadir 9.400 acres a distintas zonas, con lo que la superficie total del Cinturón Verde aumentaría en dos mil acres.
El problema es que algunos promotores compraron acres de terreno del Cinturón Verde en septiembre, semanas antes de que el gobierno anunciara su plan de abrirlo a la urbanización.
Además, el 8 de diciembre de 2022, la líder interina del NDP, Marit Stiles, presentó una declaración jurada en la que solicitaba un dictamen sobre si el ministro de vivienda, Steve Clark, había contravenido los artículos 2 y 3 de la Ley “con respecto a la decisión de permitir la urbanización en terrenos del Cinturón Verde y la Reserva Agrícola de Duffins Rouge”.
“Tras evaluar la información facilitada en esta solicitud, el comisario ha decidido iniciar una investigación en virtud del artículo 31 de la Ley”.
La semana pasada, los tres líderes de la oposición de la provincia firmaron conjuntamente una carta en la que pedían a la auditora general, Bonnie Lysyk, que realizara una auditoría de la relación calidad-precio y una evaluación del impacto ambiental.
El gobierno de Ford ha negado previamente cualquier irregularidad en este asunto y afirma que la medida para permitir el desarrollo es necesaria para alcanzar su objetivo de construir 1,5 millones de viviendas en los próximos 10 años.
