Rodrigo Díaz M.
El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que sienta las bases para que Medicaid ayude a las mujeres que deseen abortar a viajar entre estados para acceder al procedimiento en donde seas legal.
Los detalles todavía se están elaborando, y la administración se enfrenta a un panorama jurídico difícil porque es ilegal utilizar fondos federales para pagar abortos, a menos que la vida de la mujer esté en peligro o el embarazo sea resultado de una violación o un incesto.
Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos invitaría a los estados en los que el aborto sigue siendo legal a solicitar permiso para utilizar los fondos de Medicaid para “proporcionar atención sanitaria reproductiva a las mujeres que viven en estados en los que el aborto está prohibido”.
Cruzar las fronteras estatales para abortar se ha convertido en un problema creciente desde que el Tribunal Supremo anuló el caso Roe v. Wade y abrió la puerta a nuevas restricciones al aborto a nivel estatal.
La Federación Nacional del Aborto dijo que ha visto a más mujeres pidiendo ayuda para viajar para conseguir el procedimiento en el mes después de la decisión. La organización pagó 76 habitaciones de hotel y reservó 52 viajes en autobús o en avión, en comparación con una tercera parte durante mismo período del año pasado.
La orden de Biden también pide a los proveedores de atención sanitaria que cumplan con las leyes federales de no discriminación y agilicen la recopilación de datos e información clave sobre la salud materna en los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Biden describió la decisión del tribunal sobre el aborto como una “crisis sanitaria”, y dijo que quiere asegurarse de que “cada parte del gobierno federal haga su parte en este momento crítico en el que la salud y la vida de las mujeres están en juego”.
No obstante, la nueva orden no alcanza lo que muchos legisladores demócratas y grupos de defensa del aborto han exigido al gobierno de Biden. Una de las principales peticiones ha sido que Biden declare una emergencia de salud pública en relación con el aborto, lo cual, según los funcionarios de la Casa Blanca, no serviría para liberar recursos federales ni para activar nuevas autoridades legales.
Esta orden ejecutiva de estado es la última de una serie de acciones ejecutivas del gobierno de Biden desde que el derecho constitucional al aborto fue eliminado en la sentencia del Tribunal Supremo.
Por otra parte, el Departamento de Justicia demandó al estado Idaho por su estatuto que penaliza los abortos, con el argumento del fiscal general Merrick Garland de que viola la ley federal.
