Rodrigo Díaz M.
Una granja del condado de Norfolk, con sede en Vittoria (en Ontario), se declaró culpable de violar las leyes de salud y seguridad en el trabajo después de que un brote de COVID-19 provocara la muerte de un trabajador inmigrante en 2020.
Scotlynn Sweetpac Growers, uno de los mayores empleadores de trabajadores agrícolas inmigrantes de Canadá, se declaró culpable de un cargo atribuido a no tomar precauciones razonables para proteger a los empleados y acordó pagar una multa de 125 mil dólares más un recargo del 25%.
“Scotlynn es una empresa multimillonaria y multinacional, y estas multas son sólo el coste de hacer negocios para ellos”, dijo Syed Hussan, director ejecutivo de la Alianza de Trabajadores Inmigrantes por el Cambio. “Canadá tiene que dar a los inmigrantes los mismos derechos para que puedan protegerse mediante el estatus de residentes permanentes”.
Este es el primer caso judicial que involucra un empleador y está relacionado con el COVID-19 en virtud de las leyes de salud y seguridad en el trabajo en la provincia.
“Mientras Scotlynn recibe un tirón de orejas, este tipo de condiciones laborales de explotación siguen siendo comunes en todo el país porque los inmigrantes sólo pueden venir a Canadá con un estatus migratorio precario y vulnerable”, dijo Hussan.
Más de 200 trabajadores dieron positivo por COVID-19 durante un brote de primavera de 2020 en la granja. Un trabajador de México, Juan López Chaparro, de 55 años, murió ese mes de junio.
La granja se enfrentó a 27 cargos en virtud de la Ley de Reapertura de Ontario y la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo. Siete se presentaron en abril de 2021 y los otros 20 se añadieron en septiembre de 2021 tras una inspección realizada por el ministerio de trabajo de Ontario.
Los nuevos cargos se repartieron entre Scotlynn Farms y el propietario Scott Biddle.
En el momento del brote, los trabajadores de Scotlynn vivían en viviendas que albergaban hasta 50 personas cada una y, según Hussan, se encontraban “trabajando en condiciones de hacinamiento e insalubridad”
De acuerdo a la declaración de hechos confirmada por el ministerio de trabajo, “el trabajador fallecido llevaba varios días postrado en la litera en la que vivía y dormía. Tenía síntomas del COVID-19 pero no fue aislado”.
Además, el empleador no aplicaba sistemáticamente medidas para la detección del COVID-19 y algunos trabajadores no informaban a la dirección de los síntomas identificables del virus.
Otro trabajador agrícola migrante, Gabriel Flores, fue despedido tras denunciar las condiciones de la granja. Flores ganó más tarde 25 mil dólares por los salarios perdidos y las represalias en su contra.
Tras denunciar a Scotlynn Farms, Flores consiguió un permiso único de trabajo abierto para trabajadores vulnerables. Sin embargo, no pudo renovar su permiso y se vio obligado a regresar a su hogar en México.
“Después de todo lo que hicimos, todo sigue igual”, dijo Flores. “Sin la residencia permanente, seguimos sin opciones para proteger a nuestras familias. Ahora ya no puedo regresar a Canadá”.
El gobierno federal prometió promulgar nuevos requisitos para los productores agrícolas, incluida la protección adecuada de los trabajadores inmigrantes del COVID-19.
Sin embargo, en diciembre de 2021, Karen Hogan, auditora general de Canadá, encontró “deficiencias significativas” en el 73% de los informes de inspecciones federales de cuarentena presentados en 2020, y en el 88% de las inspecciones federales de 2021.
La Alianza de Trabajadores Inmigrantes por el Cambio dijo que ha confirmado seis muertes de trabajadores inmigrantes relacionadas con el COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Pero el grupo sospecha que, probablemente, este número es mucho mayor.
