Rodrigo Díaz M.
Un terrible tiroteo masivo en una escuela primaria de Uvalde (Texas), apenas unos días después de los tiroteos masivos en el estado de Nueva York y California, vuelve a impulsar los llamamientos a la reforma del control de las armas, aunque las perspectivas de cambio parecen escasas.
El asesinato de 19 alumnos y dos profesores a manos de un tirador de 18 años desencadenó rápidamente lo que ya se ha convertido en una rutina: una avalancha de dolor y horror en las redes sociales, así como llamamientos para que se modifiquen las leyes sobre armas de fuego en Estados Unidos, sin que haya un camino claro para tales políticas.
Estados Unidos se encuentra en medio de una temporada de elecciones de mitad de mandato, lo que agudiza lo que está en juego para los políticos de ambos lados del espectro, así como la ira de los votantes por el continuo derramamiento de sangre.
Pero en medio de la retórica, hay algunos temas comunes en los llamamientos a la reforma del control de armas.
Según el Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions, hay cuatro medidas de control de armas que obtienen un apoyo público abrumador, incluso si no existe la voluntad política de actuar para implementarlas.
El Centro citó su encuesta nacional de 2019 entre los estadounidenses, que encontró que el 88% de los encuestados apoya la comprobación universal de antecedentes para las personas que compran armas de fuego, el 75% apoya la exigencia de licencias para los compradores de armas de fuego y el 74% apoya la exigencia de que las personas guarden sus armas de fuego bajo llave cuando no las usen.
Además, el 80% apoya lo que se conoce como órdenes de protección de riesgo extremo.
Una orden de protección de riesgo extremo es “una orden civil con las debidas garantías procesales emitida por un tribunal cuando alguien corre el riesgo de sufrir violencia contra sí mismo o contra otros”, señala la investigación del Centro.
Los estados que apliquen leyes de órdenes de protección de riesgo extremo permitirán a los miembros de la familia o del hogar, a las personas importantes, a las fuerzas del orden, a los administradores escolares, a los compañeros de trabajo y a los profesionales de la salud solicitar a los tribunales que emitan restricciones temporales sobre la capacidad de una persona para acceder a las armas de fuego.
Dicha orden podría emitirse cuando un individuo “se comporta de forma peligrosa y corre el riesgo de cometer actos de violencia”, y permitiría a las autoridades tanto confiscar temporalmente las armas de fuego de una persona como impedirle que pueda comprar otras mientras la orden esté en vigor.
Las órdenes de protección de riesgo extremo suelen denominarse “leyes de bandera roja” y actualmente 13 estados han las han aprobado.
Por otro lado, una encuesta de Pew Research de la primavera de 2021 sugiere que, aunque la violencia con armas de fuego continúa, los estadounidenses siguen profundamente divididos en cuanto a la reforma de las armas, ya que el 49% de los adultos cree que habría menos tiroteos masivos si fuera más difícil obtener legalmente un arma de fuego, y el 42% dice que no habría ninguna diferencia.
Sin embargo, esa misma encuesta señala dos áreas de amplio apoyo entre las líneas partidistas.
El 85% de los republicanos y el 90% de los demócratas apoyan que se impida la compra de armas a las personas con enfermedades mentales, mientras que el 70% de los republicanos y el 92% de los demócratas apoyan que se exija la comprobación de antecedentes en las compras a través de ventas privadas de armas o en ferias de armas.
Sin embargo, está por ver si los líderes de los partidos están dispuestos a realizar estos cambios.
