Rodrigo Díaz M.
El proyecto de ley 96, la controvertida legislación del gobierno provincial destinada a proteger la lengua francesa en Quebec, ha sido aprobado en la Asamblea Nacional provincial.
La semana pasada los diputados votaron 78-29 a favor de la aprobación de la ley, con el voto en contra de los miembros de la oposición del Partido Liberal y del Partido Quebequense.
La aprobación del proyecto de ley se produce mientras un abogado constitucionalista de Montreal afirma que, junto con un comité de otros abogados, planea impugnarlo ante los tribunales.
El premier de Quebec, François Legault, dijo a los anglófonos que la provincia hace una “promesa histórica” de que “mantendrán” sus servicios, afirmando también que cree que ya están mejor atendidos en su propia lengua que cualquier otra minoría lingüística.
Al reaccionar a la aprobación del proyecto de ley durante una conferencia de prensa en Vancouver, el primer ministro Justin Trudeau reveló que tiene “preocupaciones” sobre el proyecto de ley 96, pero no dio una respuesta clara en cuando si el gobierno federal intervendría en un desafío legal.
“Seguimos analizando con mucho cuidado cuál será la forma final de esto y basaremos nuestra decisión en lo que vemos como la necesidad de mantener a las minorías protegidas en todo el país”, dijo Trudeau.
El proyecto de ley fue concebido como una actualización de la ley lingüística original de Quebec, el proyecto de ley 101, pero contiene cambios enormes y radicales que marcarán profundamente el sistema de justicia y el sistema de educación universitaria, entre otros muchos sectores de la sociedad quebequense.
Entre otras cosas, obligaría a los nuevos inmigrantes en Quebec a comunicarse con cualquier entidad gubernamental totalmente en francés a partir de los seis meses de su llegada.
El proyecto de ley también cambiaría el sistema para decidir cuántos jueces de Quebec deben ser bilingües, trasladando ese poder al ministro de justicia.
También limitaría los niveles de matriculación académica para los anglófonos, lo que dificultaría cada vez más el acceso a los no francófonos.
Los estudiantes también se enfrentarían a nuevos requisitos: algunos tendrían que aprobar un examen de lengua francesa para poder graduarse y tomar algunas de sus clases básicas en francés, mientras que los estudiantes de inglés no bilingües también tendrían que tomar más clases para aprender francés.
Esto, a su vez, cambiará drásticamente la dotación de personal de las escuelas, colleges y universidades, estimulando una mayor contratación de profesores de lengua francesa y probablemente poniendo en peligro los puestos de trabajo de algunos profesores de habla inglesa.
Ha habido mucha confusión sobre el efecto que tendrá la ley en la asistencia sanitaria, con abogados advirtiendo que su lenguaje deja la puerta abierta a un cambio serio en la facilidad de obtener asistencia sanitaria en inglés, y el gobierno insistiendo verbalmente en que nada cambiará en ese frente.
Los abogados, hasta ahora representados por el abogado constitucionalista Julius Grey, planean llevar su caso hasta las Naciones Unidas si es necesario.
En un comunicado, dijeron que tienen una “visión de un Quebec inclusivo donde el francés es la lengua común” y que la mayoría de los anglófonos “están a favor de promover y proteger la lengua francesa en Quebec y en toda Canadá”.
Pero el grupo está “convencido de que hay formas más efectivas e inclusivas de lograr este objetivo y que puede lograrse sin anular los derechos humanos, de igualdad y legales de los quebequenses”, escribió.
