Rodrigo Díaz M.
La mayor junta escolar de Canadá está dando más tiempo al personal para que se vacune contra el COVID-19, siempre y cuando que revele su estado de inmunización.
La política de vacunación obligatoria de la Junta Escolar del Distrito de Toronto (TDSB, por sus siglas en inglés) había establecido previamente una fecha límite del 1 de noviembre para que los empleados estuvieran completamente vacunados o se arriesgaran a perder sus puestos de trabajo.
Un portavoz de la junta dijo ayer en la tarde que el personal que no haya revelado su estado de vacunación para esa fecha será puesto en licencia no remunerada, pero los que han dicho que no están vacunados o que sólo tienen una vacuna ahora tienen hasta el 21 de noviembre para vacunarse completamente o empezar a vacunarse.
La política de la TDSB adopta una línea más dura en materia de inmunizaciones que las normas mínimas establecidas por la provincia, que exigen que el personal escolar no vacunado se someta a pruebas de detección del virus dos veces por semana.
El personal de la TDSB que se vacune por primera vez antes del 19 de noviembre tendrá un mes más para vacunarse por segunda vez, y aquellos a los que se les deniegue la solicitud de exención tendrán 45 días para vacunarse o estarán de baja.
El incumplimiento de la política, que se aplica a 39.845 trabajadores, podría llevar al despido, pero la junta aún no ha dicho cuándo ocurrirá.
Según la TDSB, hasta el 22 de octubre, el 85% de todo el personal había declarado estar completamente vacunado. A cinco personas se la aprobaron exenciones médicas y 1.740 personas no habían rellenado el formulario de divulgación de la junta.
El gobierno conservador progresista se ha resistido hasta ahora a los llamamientos para que la vacunación sea obligatoria para todo el personal escolar de la provincia, alegando la posible presión sobre los ya bajos niveles de personal si miles de trabajadores de la educación pierden su empleo.
El ministro de educación, Stephen Lecce, dijo el martes que 50 mil trabajadores de la educación podrían ser despedidos si la provincia impusiera las vacunas contra COVID-19 a los trabajadores del sector.
Una portavoz del ministerio dijo que el 85% del personal educativo está totalmente vacunado y el 15% restante ha declarado no estar totalmente vacunado, tener exenciones médicas, o no ha revelado su estatus de vacunación.
