Rodrigo Díaz M.
Canadá está convirtiendo un proyecto piloto de 2018 en una política permanente, relajando las restricciones para que ciertos extranjeros con discapacidades obtengan la residencia permanente.
El gobierno federal anunció su plan de cambiar permanentemente las normas de inadmisibilidad médica en la Gaceta de Canadá el 16 de marzo.
Con las antiguas normas, el Servicio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC, por sus siglas en inglés) podía negar la entrada a Canadá a alguien cuyos cuidados personales costaran al gobierno más de la media canadiense de unos siete mil dólares al año.
Muchas personas consideraron que esta norma degradaba a las personas con discapacidades y no se ajustaba a valores canadienses como la inclusión y la dignidad. Ahora, Canadá ha triplicado este umbral hasta unos 21 mil dólares. En otras palabras, es más difícil que se niegue la inmigración canadiense a las personas que necesitan apoyo médico y social.
En la actualidad, las leyes de inmigración canadienses definen la “demanda excesiva” como una o ambas de las siguientes situaciones: una persona cuya condición médica cuesta a los servicios públicos más que el coste medio anual, o si el tratamiento de la condición aumenta los tiempos de espera a los otros residentes de Canadá.
La definición legal de “demanda excesiva” ha causado problemas a varios aspirantes a canadienses. Es muy amplia, ya que abarca cualquier afección que suponga una demanda “excesiva” de servicios sanitarios y sociales.
Por lo tanto, las condiciones y discapacidades tanto físicas como mentales hacen que una persona sea potencialmente inadmisible. Una persona puede ser excluida incluso si el coste del tratamiento es sólo ligeramente superior al de un canadiense promedio.
En algunos casos, esta exclusión también se aplica a los miembros de la familia que no tienen una condición médica que requiera tratamiento. Por ejemplo, si un solicitante principal de inmigración de clase económica tiene un dependiente acompañante declarado médicamente inadmisible, ese solicitante principal también sería inadmisible.
En 2018, el entonces ministro de Inmigración, Ahmed Hussen, ejerció su autoridad para crear una política piloto que sería experimental y más indulgente. Hussen definió la demanda excesiva como tres veces el coste medio de los servicios sanitarios y sociales para un canadiense.
Además, el ministro Hussen eliminó algunos de los cálculos para determinar la “demanda excesiva”, incluidos varios servicios sociales para personas con discapacidades. Esta supresión afectaba a los costes de la educación especial, la terapia ocupacional y conductual y los servicios de apoyo personal no profesional.
Esta política permitió al gobierno experimentar con un enfoque menos rígido. Las provincias y territorios, que administran muchos servicios sanitarios y sociales, han indicado que el cambio les parece un equilibrio razonable.
