Rodrigo Díaz M.
El primer ministro Justin Trudeau anunció que el gobierno federal está lanzando el largamente prometido programa de recompra de lo que ha descrito como armas de fuego de “asalto” o “estilo de asalto”.
Este programa de recompra es parte de un conjunto de nuevas medidas de control de armas prometidas por los liberales federales en la campaña electoral de 2019, y llega luego de la aprobación de una orden ejecutiva el pasado mes de mayo que cambió los listados de clasificación para prohibir aproximadamente 1.500 armas “estilo asalto”.
Aunque términos como “estilo de asalto” y “rifle de asalto” no son clasificaciones legales en Canadá, son frecuentemente utilizados coloquialmente por los defensores del control de armas y el gobierno para describir el tipo de armas de alta capacidad y de disparo rápido a las que se dirige la prohibición.
Las armas de fuego automáticas ya están prohibidas en Canadá, al igual que los cargadores de gran capacidad.
Trudeau había dicho el pasado mes de mayo que la legislación para implementar un programa de recompra no se introduciría hasta que la crisis inmediata de la pandemia del COVID-19 estuviera bajo control.
También había subrayado que llevaría tiempo presentar una propuesta que pudiera obtener el apoyo de al menos otro partido en un Parlamento minoritario.
“Hemos trazado un plan de acción”, dijo, señalando que el programa de recompra se concretará en los próximos meses.
“No se puede luchar contra la violencia de las armas ni contra ninguna violencia en un solo frente”.
La legislación también permitirá a los municipios prohibir los revólveres y pistolas mediante ordenanzas que restrinjan su posesión, almacenamiento y transporte. Trudeau dijo que las medidas estarán respaldadas por serias sanciones para hacer cumplir estas ordenanzas, incluyendo penas de cárcel para las personas que violen las normas municipales.
El proyecto de ley también aumentará las sanciones penales por el contrabando y el tráfico de armas, y reforzará la capacidad de la policía y los agentes fronterizos para mantener las armas de fuego ilegales fuera del país.
También crea nuevos delitos por alterar el cargador de un arma de fuego e introduce restricciones más estrictas a la importación de munición.
El ministro de Seguridad Pública, Bill Blair, dijo que la legislación, presentada hoy por la mañana en la Cámara de los Comunes, no permitirá a los propietarios de las armas de fuego prohibidas legarlas a otros, ni seguir utilizándolas en virtud de políticas de “derechos adquiridos”.
Dijo que aquellos que decidan no vender sus armas al gobierno serán responsables si las armas “acaban en manos de delincuentes”.
“La posesión de armas en este país es un privilegio, no un derecho”, dijo Blair.
“En este país no nos armamos para protegernos oros ciudadanos. Confiamos en la ley, no en un arma, para nuestra seguridad.”
La legislación también creará lo que se conoce como leyes de “bandera roja”.
Éstas permitirán a personas como amigos o familiares preocupados de un propietario de armas pedir a los tribunales la retirada inmediata del arma de fuego, o que se suspenda y/o se revise la licencia de la persona.
Según el gobierno, las normas pretenden retirar las armas a las personas que se cree que suponen un riesgo de utilizarlas en casos de violencia de pareja o de género, o de autolesión.
Los actuales propietarios de las armas prohibidas gozan de una amnistía penal hasta el 30 de abril de 2022, y sólo pueden transferir o transportar sus armas de fuego para fines específicos.
Blair dijo que la intención de la legislación es hacer que las 1.500 armas de fuego sean “legalmente inutilizables” para incentivar a los propietarios a venderlas al gobierno.
Aunque los detalles finales del coste de esta recompran aún no están claros, Blair dijo que las estimaciones actuales de que hay entre 150 mil y 200 mil de estas armas en Canadá se traducen en un coste potencial de entre 300 y 400 millones de dólares si el precio medio de mercado de cada arma de fuego es de unos 1.300 dólares.