Por Humberto Márquez
CARACAS. El asesinato de periodistas y cambiantes formas de censura muestran que aún se mantienen bajo asedio las libertades de expresión y de información en América Latina, en particular en los países de mayor efervescencia social y polarización política.
El periodismo “mantiene un papel central en el trabajo por la democracia en la región, aunque sufre prácticas de persecución contra medios, periodistas y activistas políticos y sociales, las cuales contradicen los acuerdos hemisféricos por los derechos humanos”, dijo el uruguayo Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ese asedio “es muy preocupante en países con crisis políticas que llevan a amenazas contra el periodismo, con actividades de los Estados o de diversos grupos para reprimir, restringir o silenciar a la prensa libre”, señaló Natalie Southwick, coordinadora del programa latinoamericano en el no gubernamental Comité para Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.
Al CPJ “le preocupan casos como la persecución de medios y periodistas en Guatemala y Nicaragua, la lucha electoral que se polariza en Brasil, la crisis humanitaria, represión y censura en Venezuela, la violencia mortal e impunidad en México, y los peligros para periodistas en la Colombia post-acuerdo de paz”, dijo Southwick desde la ciudad estadounidense.
México, que hasta julio vivió una campaña electoral manchada por la violencia, ha visto morir asesinados a ocho periodistas en lo que va de 2018 (12 en 2017). El más reciente fue Javier Rodríguez Valladares, de 28 años, muerto a tiros en plena calle en Cancún, en el sureste del país, mientras entrevistaba con su cámara a un artesano del lugar, quien también fue asesinado.
Sandra Patargo, activista de la mexicana Red Rompe el Miedo, informó que documentaron 146 agresiones a periodistas durante la campaña. “Solo el día de la elección (1 de julio) hubo 32. Y el índice que impunidad en la violencia contra periodistas es de 99 por ciento”, señaló.
Por su parte, la red contra la violencia NVALabs registra “un aumento generalizado de la violencia en México, pero en el caso de las mujeres periodistas este crecimiento es alarmante, está en el entorno de 20 por ciento anual e involucra una doble agresión: por periodista y por mujer”, según dijo la fundadora de la organización Luisa Pérez Ortiz.
Hay periodistas y medios acosados o intimidados por su cobertura de la crisis institucional en Guatemala y la social en Honduras, dijo Lanza, aunque el caso más serio en América Central este año ha sido la peligrosa cobertura de la rebelión social en Nicaragua.
El 21 de abril, al despuntar la ola de protestas y represión que en cinco meses ha cobrado centenares de vidas nicaragüenses, fue muerto de un disparo en la cabeza el periodista Miguel Ángel Gahona, mientras filmaba un enfrentamiento entre manifestantes y policías en la localidad de Bluefields, en la costa atlántica de su país.
Un mes antes, en la frontera entre Colombia y Ecuador fueron secuestrados y asesinados -por un grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- tres integrantes de un equipo periodístico del diario El Comercio de Quito.
También este año murieron a manos de pistoleros cuatro periodistas de radio, en distintos estados de Brasil. Un rasgo común es que en sus programas ventilaban casos de corrupción que implicaban a políticos de sus regiones.
Southwick saludó que, aún con estos casos, el asesinato de periodistas ha disminuido en países que en años anteriores fueron muy violentos, como Colombia, Honduras y Brasil.
“Sin embargo, las cifras pueden analizarse con más profundidad, si pensamos que en algunas regiones no hay más violencia porque por la inseguridad han disminuido las coberturas”, reflexionó.
Ese clima de persecución y asedio en que se desenvuelven muchos medios tradicionales ha comenzado a alcanzar a los digitales, que según señala Lanza “se han mantenido algo más fuera del alcance de las estrategias de control o interferencia de algunos estados”.
El crecimiento de herramientas digitales “ha sido una gran oportunidad para periodistas y medios que buscan expandir sus formas de contar historias, pero también para gobiernos y otros actores para tratar de limitar, controlar y censurar a la prensa”, observó Southwick.
Esos controles desde el poder se realizan “a través de tácticas como el hackeo de cuentas, ataques contra páginas web y, en casos como México, el monitoreo de periodistas con herramientas como ‘spyware’ (programa espía)”, detalló.
Esos programas recopilan información de una computadora y la transmite a una entidad externa sin el conocimiento o el consentimiento del propietario del computador.
“Operan también estrategias para criminalizar el uso de las redes sociales, como la Ley contra el Odio en Venezuela o Contra el Terrorismo en Nicaragua, utilizadas para vigilar las redes sociales y detener a personas que envían mensajes satíricos o críticos”, agregó por su parte Lanza desde Washington, sede de la CIDH.
