Rodrigo Díaz M.
La Agencia de Ingresos del Canadá (CRA, por sus siglas en inglés) ha recibido más de mil avisos de residentes canadienses sobre posibles usos indebidos de la prestación de respuesta de emergencia del Canadá (CERB, por sus siglas en inglés) y otras prestaciones relacionadas con la pandemia de coronavirus.
Un portavoz de la ministra de ingresos nacionales, Diane Lebouthillier, dijo ayer por la noche que a partir del 10 de junio, la CRA está revisando un total de 1.300 alertas recibidas sobre el posible abuso de los beneficios.Eso es más de 600 avisos recibidos hasta el 1 de junio.
La pandemia del nuevo coronavirus devastó las economías mundiales y obligó a los países a cierres nacionales a principios de este año en un intento de contener la propagación del COVID-19.
En Canadá, las medidas de bloqueo han hecho que la tasa de desempleo nacional se dispare hasta alcanzar un nivel sin precedentes del 13,7%, en comparación con el último nivel máximo de 13,1% registrado en diciembre de 1982.
Entre marzo y abril se perdieron tres millones de puestos de trabajo, mientras que otros 2,5 millones de residentes canadienses vieron reducidas sus horas de trabajo como resultado de las restricciones.
El gobierno federal introdujo el programa CERB de 2 mil dólares mensuales como medida temporal para los que habían perdido su trabajo a causa de la pandemia, junto con un subsidio salarial del 75% para los empleadores.
Pero el programa CERB se puso en marcha sin ningún tipo de control o equilibrio.
Las personas pueden solicitar el beneficio y obtenerlo automáticamente sin que se haga ninguna verificación para confirmar que han cumplido los criterios.
Los críticos del gobierno han argumentado que este enfoque hace demasiado fácil que los estafadores se aprovechen del programa, aunque el gobierno ha advertido que cualquiera que lo haga se enfrentará a las “consecuencias”.
Sin embargo, un proyecto de ley para tratar de imponer esas consecuencias no obtuvo suficiente apoyo para avanzar en la Cámara de los Comunes el miércoles, y ahora es incierto si se impondrán sanciones reales a los que abusen del sistema.
El proyecto de ley, que ahora está congelado en primera lectura, se habría enfocado en los que hacen solicitudes fraudulentas para el CERB con una multa de 5 mil dólares y una pena de hasta el doble de lo que recibieron, o una multa de 5 mil dólares con hasta seis meses de cárcel.
Los que se nieguen a volver al trabajo y sigan reclamando la CERB también se enfrentarían a una pena de hasta el triple de la cantidad de los beneficios que reciben.
Hasta ahora, unas 190 mil personas han devuelto las prestaciones del CERB.
