Rodrigo Díaz Maingon
El pasado jueves altos comandantes de la guerrilla colombiana expresaron su intención de romper el acuerdo de paz que vio a casi todas las facciones disidentes desarmarse en 2017, poniendo fin a un conflicto que había plagado a Colombia por décadas.
La declaración de Iván Márquez y otras figuras de alto nivel de la guerrilla fue realizada, supuestamente, desde un escondite dentro de Venezuela, reavivando tensiones de larga data por el apoyo del gobierno bolivariano a los rebeldes.
“No estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo ejército guerrillero, sino a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas, que cuentan con la protección y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”, dijo Iván Duque, presidente de Colombia, durante un discurso en televisión nacional.
Los acontecimientos de esta semana también han llevado a un aumento de la retórica de Washington, donde los funcionarios reiteraron las acusaciones de que el gobierno de Maduro ha estado conspirando activamente con los rebeldes colombianos.
Juan Guaidó, líder del parlamento venezolano controlado por la oposición y reconocido como el presidente legítimo por Estados Unidos y decenas de otros países, dijo que había advertido a Washington de que las FARC podrían reagruparse con la ayuda de Maduro.
Aunque Venezuela siempre ha negado haber dado refugio o apoyo a la guerrilla colombiana, los comandantes desmovilizados de las Farc y el ELN dicen que los grupos han estado operando allí desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999.
El país ofrece un refugio seguro lejos de la persecución de las fuerzas armadas colombianas, pero, con acceso a lucrativas rutas de tráfico de drogas y a la minería ilícita de oro.
