De nuestra redacción
TORONTO. La decisión del gobierno entró en vigor este 1 de enero. Allí se estipula que los informes de inspección de vivienda presentados al Ministerio deben haberse realizado dentro de los últimos ocho meses e indicar el número máximo de personas que pueden vivir en la vivienda.
Los empleadores también deberán proporcionar evidencia de que todos los problemas enumerados en el informe de inspección de vivienda se han resuelto completamente antes de contratar a más trabajadores extranjeros.
Habrá entonces más inspecciones in situ para verificar directamente que se están cumpliendo las condiciones de trabajo y de vivienda bajo los requisitos del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales.
El gobierno también ha lanzado una revisión del sector de la agricultura primaria, que incluye un estudio nacional de vivienda destinado a establecer un estándar de vivienda en todo Canadá para el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales.
A Noé Arteaga no le sorprende esta iniciativa del gobierno. Desde hace mucho tiempo los organismos que trabajan en defensa de los trabajadores temporales extranjeros denunciaban las condiciones precarias de las viviendas donde las compañías alojaban a los trabajadores contratados.
Entre los problemas, señala Arteaga, según RCINET, se encuentra el hacinamiento. Lugares con capacidad para cuatro personas alojaban a veces a ocho, causando además conflictos de convivencia.
O cuando se trata de tráileres que no siempre cuentan con las condiciones mínimas de ser habitadas. Ya sea que falta el agua, o los servicios sanitarios además del espacio para cocinar o lavar la ropa.
