Indígenas canadienses quieren una reforma de la comisión investigadora de asesinatos

En una carta enviada hoy al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y hecha pública, las familias expresan su apoyo por la creación de la comisión pero señalan que sus integrantes se han negado a escuchar a las familias y les están imponiendo un “doloroso proceso colonial”.
“Hemos pedido de forma repetida a la Comisión de Investigación que incluya nuestras voces y hemos trabajado sin descanso para guiarles en cómo pueden honrar los espíritus de nuestros seres queridos”, señalaron las familias en la carta.
“Constantemente han desestimado nuestras preocupaciones, han rechazado tomar medidas para reconstruir la confianza y han mantenido un planteamiento profundamente equivocado que nos impone un doloroso proceso colonial”, añadieron.
“Primer ministro, le pedimos hoy que nos devuelva la comisión”, terminaron señalando los firmantes.
La solicitud se produce un mes después de que uno de los cinco integrantes de la comisión, la abogada Marilyn Poitras, dimitiera en protesta por la estructura de la Comisión Investigadora y el trabajo de su presidenta, Marion Buller.
Con anterioridad, la directora ejecutiva de la comisión, Michele Moreau, también dimitió de su cargo.
La comisión fue creada el año pasado por Justin Trudeau para identificar las causas sistemáticas de la violencia contra las mujeres indígenas y recomendar acciones concretas para poner punto y final a la situación.
La comisión tiene la potestad de investigar a las fuerzas policiales del país, que han sido acusadas por las familias de las víctimas de ser parte del problema al rechazar, en muchas ocasiones, investigar las desapariciones y asesinatos.
Según datos policiales, al menos 1.200 mujeres y niñas indígenas han sido asesinadas o desaparecieron en el país en los últimos 30 años.
En ese periodo, la proporción de mujeres indígenas asesinadas en el país pasó de ser un 8 % a un 23 %.
Trudeau accedió a la formación de la comisión investigadora, algo a lo que se habían negado anteriores gobiernos canadienses, como parte de un plan para renovar las relaciones de Canadá con la población indígena, formada por alrededor de 1,4 millones de personas.
En 2015, la Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá emitió un informe en el que calificó de “genocidio cultural” las políticas puestas en marcha por las autoridades canadienses para “reeducar” a los indígenas del país.
Parte de esa política de “reeducación” fueron las llamadas escuelas residenciales en las que fueron internados de forma forzosa durante casi un siglo los niños aborígenes para ser “cristianizados”.
La Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá dictaminó que la mayoría de los 150.000 niños que fueron internados en las escuelas residenciales sufrieron abusos psicológicos y físicos y en algunos casos experimentos médicos.
Al menos 4.000 niños indígenas murieron en los internados.