Por Fabiana Frayssinet
RÍO DE JANEIRO. Varias iniciativas buscan reforzar el combate contra los feminicidios en América Latina, una región dónde pese a la creciente movilización popular y a ser pionera en la legislación contra ese crimen de género, todavía se registran los peores índices del mundo de este genocidio silencioso, destaca ONU Mujeres.
“La normalización de la violencia contra las mujeres y las niñas, la falta de servicios integrales y de calidad que identifiquen patrones de violencia que podrían terminar en femicidio, la carencia de datos y las investigaciones sin perspectiva de género, son comunes a todos los países”, sintetizó la situación latinoamericana la directora regional de ONU Mujeres, Luiza Carvalho.
“Poner fin a la impunidad es fundamental. Hay países en la región donde la impunidad al feminicidio alcanza hasta 95 por ciento de todos los casos”, alertó Carvalho desde su sede en Ciudad de Panamá.
Una de las nuevas estrategias es la Iniciativa Spotlight, impulsada por la Unión Europea y las Naciones Unidas para la eliminación del feminicidio. De una inversión inicial de 500 millones de euros (562 millones de dólares), 55 millones serán destinados a América Latina.
Spotlight aborda el fenómeno de los asesinatos por razones de género en forma integral mediante seis pilares: la normativa por la igualdad de género, el fortalecimiento institucional, la prevención primaria, los servicios de calidad, la recolección de datos y el fortalecimiento del movimiento de mujeres.
La campaña, que se lanzó en Argentina el 21 de marzo, incluye también a El Salvador, México, Guatemala y Honduras, que fue el primer país donde se lanzó a nivel mundial.
La selección de esos países, explicó Carvalho, responde a factores como la tasa de prevalencia del feminicidio, el compromiso de sus autoridades de implementar leyes y políticas nacionales para mejorar la situación de las víctimas, y el dinamismo de los movimientos de la sociedad civil.
En el caso de Argentina, “el movimiento #NiUnaMenos puso la atención sobre este fenómeno como una situación inadmisible, demostrando que tiene mucho que enseñarle a la región y al mundo”, destacó la alta funcionaria de nacionalidad brasileña, sobre la toma de las calles contra los feminicidios que se ha extendido por otros países de la región.
Desde 1994, la región cuenta con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en la ciudad brasileña de Belém do Pará, Brasil, que formalizó la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos.
Ese instrumento internacional suscrito por 32 países estableció por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de las mujeres en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como privado.
En 2013 se incluyó dentro de ella la figura penal del feminicidio/femicidio.
Según Carvalho con esa Convención, la región se convirtió en “pionera a nivel global en materia de legislación de violencia contra mujeres”.
El feminicidio está integrado al Código Penal en 12 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana y Uruguay). Otros seis lo tipifican en leyes ajenas a esos códigos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Venezuela).
Además, los 32 países participantes en la Convención tienen leyes que protegen los derechos de las mujeres y niñas que experimentan violencia doméstica o intrafamiliar.
Para avanzar en esos logros, el 15 de marzo, en Washington, ONU Mujeres, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (Mesecvi), lanzaron oficialmente una Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas.
También presentaron un Análisis de Legislación sobre Femicidio/Femicidio en América Latina y el Caribe e Insumos para una Ley Modelo sobre ese tipo de homicidio machista.
La ley modelo “busca servir de base para crear o actualizar la legislación sobre muerte violenta de mujeres en la región, así como fortalecer las acciones de prevención, protección, atención, investigación, persecución, sanción y reparación integral”, explicó Carvalho.
Un estudio de Small Arms Survey arroja que en América Latina están 14 de los 25 países con mayores tasas de feminicidios en el mundo por cada 100.000 mujeres, en un listado que encabezan El Salvador, Honduras y Guatemala.
Carvalho lo atribuyó a la inexistencia de medidas integrales “lo que provoca una brecha entre los derechos formales y el acceso efectivo a la justicia de las mujeres”.
“La convención de Pará fue clara en señalar que se necesita una mirada integral de la violencia contra las mujeres, es decir, además de penalizarla, los Estados deben desarrollar acciones de prevención, protección, investigación y reparación, tanto para las familias de las víctimas como para las sobrevivientes”, recordó.
Pero, criticó, “los Estados no manejan cifras de reparación, de mujeres desaparecidas, de datos genéticos que permitan la ubicación de las víctimas ni otros mecanismos que permitan garantizar sus derechos”.
