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“Los encargados de determinar las detenciones de inmigrantes en Canadá deben renunciar”

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Los hallazgos, de la abogada de derechos humanos Kathy Laird, con sede en Toronto, fueron encargados el año pasado por la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá,

la agencia gubernamental independiente cuyos responsables de la toma de decisiones supervisan las revisiones de la detención.


TORONTO. El sistema de detención de inmigrantes de Canadá está basado en información defectuosa y va en contra de los detenidos, muchos de los cuales carecen de abogados y son sancionados por tener una enfermedad mental grave, según una auditoría dada a conocer la semana pasada.

Los hallazgos, de la abogada de derechos humanos Kathy Laird, con sede en Toronto, fueron encargados el año pasado por la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá, la agencia gubernamental independiente cuyos responsables de la toma de decisiones supervisan las revisiones de la detención.

El gobierno del primer ministro Justin Trudeau ha prometido encontrar alternativas al encarcelamiento indefinido de los no ciudadanos, que pueden ser detenidos sin cargos si se los considera un riesgo de fuga, un peligro para el público o si su identidad no está clara, de acuerdo con las regulaciones canadienses.

Los inmigrantes detenidos son retenidos indefinidamente, a menudo en cárceles de máxima seguridad, por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. La Junta de Inmigración y Refugiados lleva a cabo audiencias para revisar cada detención después de las primeras 48 horas, después de los siete días y cada 30 días a partir de entonces.

La duración promedio de la detención es de un par de semanas, aunque muchos detenidos pasan meses o años tras las rejas, a menudo en condiciones para una población criminal.

Las recomendaciones de la auditoría incluyen la reforma del proceso de revisión de la detención y una revisión inmediata de los "archivos de detención a largo plazo", comenzando con 80 personas que han estado detenidas durante más de un año.

Los jueces con frecuencia tomaron decisiones basadas en imprecisiones de hechos y especulaciones, y aceptaron acríticamente las declaraciones de los agentes fronterizos, a menudo sin permitir que los detenidos escuchen o presenten evidencia por sí mismos, según la auditoría. Los detenidos también, a menudo, no tenían abogados que los asesoraran.

Las personas con enfermedades mentales enfrentaron "barreras adicionales para su liberación", dijo la auditoría, citando el ejemplo de un hombre que pasó cuatro años y medio detenido y "sufrió un colapso mental completo". La auditoría dijo que su estado mental fue utilizado como una razón para mantenerlo encerrado.

En reacción a este reporte, un grupo de 50 abogados está pidiendo la dimisión masiva de los funcionarios que determinan el destino de los inmigrantes detenidos en Canadá.

En una carta abierta a las autoridades federales de inmigración, los abogados describen el órgano cuasi-judicial que lleva a cabo las audiencias de detención de inmigración como una "institución quebrada en la que no se puede confiar para tomar decisiones sobre la libertad de las personas".

La carta, que fue liderada por los abogados de inmigración Clifford McCarten y Simon Wallace, llega justo después de la mordaz auditoría de los casos de detención a largo plazo, divulgada la semana anterior, que identificó los problemas sistémicos de la división de la Junta de Inmigración y Refugiados.

La auditoría identificó muchos de los problemas destacados durante varios años por abogados, activistas y detenidos, incluida la falta de equidad procesal para los detenidos; inexactitudes e inconsistencias en los hallazgos de hechos; deferencia incuestionable a la evidencia de CBSA; exceso de confianza en decisiones previas; una falta de aprecio por la salud mental de los detenidos; y, en general, un sistema que se apila contra los detenidos.

"La auditoría detalla cómo la (División de Inmigración) ha justificado, legitimado y ha causado una de las más graves y continuas crisis de derechos humanos en este país", dice la carta de los abogados. "No confiamos en la capacidad de la División de Inmigración para reconstituirse con los mismos actores que confunden su responsabilidad de decidir la libertad de las personas. Este no es el momento para más talleres o una implementación graduada de recomendaciones ... Este es el momento de las renuncias".

La División de Inmigración es la rama de la Junta de Inmigración y Refugiados que maneja las audiencias de detención de inmigración. Sus adjudicadores son funcionarios independientes nombrados por el gobierno que presiden las audiencias como lo haría un juez en un tribunal, pero no están obligados a tener ningún entrenamiento legal.

Un representante de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, que tampoco es abogado, actúa como una especie de fiscal del caso. Mientras tanto, los detenidos a menudo no están representados, particularmente en Ontario, donde el año pasado los detenidos se representaron en el 62% de los casos, según la auditoría.

En su carta, los abogados piden a la Junta de Inmigración y Refugiados que reemplace a los adjudicadores existentes y solicite nuevos para tener capacitación legal.

Etiquetas: Toronto, detención