ENCRUCIJADA Una legislación inconstitucional con efectos desastrosos para el premier Doug Ford

Doug Ford

Por Francisco Reyes

TORONTO. Lo que el premier Doug Ford había concebido como plan fácil para reducir el número de concejales en esta ciudad, ha resultado más complejo de lo que su inexperiencia como político no le permitió vislumbrar más allá de sus narices.

El pasado 30 de julio Ford introdujo en la Legislatura de Ontario un proyecto de ley que buscaba reducir de 47 a 25 los distritos electorales municipales de Toronto.

Tan pronto se supo de esta jugada inconstitucional, el alcalde John Tory y la mayoría de concejales de esta ciudad empezaron a ver la posibilidad de desafiar dicha legislación ante la Corte Superior de Ontario.

La ‘Bill 5’ o “Acta de Mejor Gobierno Local” fue aprobada el 14 de agosto en la Legislatura provincial por el voto mayoritario de MPPs que pertenecen al Partido Conservador liderado por el premier Ford.

El 2 de agosto, el Concejo Municipal de Toronto votó 27-15 en favor de desafiar en la corte la legislación que lo reduciría a 25 miembros.

Mientras se esperaba la decisión de la Corte Superior de Ontario, los aspirantes a concejales y los ediles que buscan la reelección se encontraban en un punto muerto que retrasó la campaña electoral, no obstante fijarse la fecha para las votaciones municipales del próximo 22 de octubre.

El lunes 10 de septiembre, el juez de la Corte Superior de Ontario Edward Belobaba decidió que el gobierno provincial “cruzó la línea” al aprobar la mencionada legislación.

La decisión de Belobaba ha traído serias discusiones en torno a la ‘Bill 5’ o ‘Acta de Mejor Gobierno Local’. La más contradictoria es la de Ford, quien ha prometido apelar para que se haga cumplir la aprobación de esta por mayoría parlamentaria.

Pero el premier ha ido más lejos y ha invocado una cláusula del Capítulo de Derechos para desestimar la decisión del juez, que declara inconstitucional la Legislación que buscaba reducir casi a la mitad el número de miembros del Concejo Municipal.

En declaraciones a la prensa el lunes en Queen’s Park, Ford dijo que planeaba reunir a la Legislatura el miércoles para reintroducir el Acta de Mejor Gobierno Local e invocar la sección 33 del Capítulo de Derechos, conocida comúnmente como ‘cláusula en lugar de’, que otorga poderes al Parlamento y a las Legislaturas provinciales para eliminar ciertas porciones del Capítulo de ese capítulo, aplicable en situaciones especiales.

En conferencia de prensa la tarde del lunes, el alcalde John Tory consideró que la decisión del premier para invocar la referida cláusula era “improcedente”.

La discusión alcanzó también a la líder del opositor Partido Nuevo Demócrata, Andrea Horwath, quien dijo que el premier estaba haciendo eso “debido a una vendetta política y personal no sólo contra los concejales de Toronto, con quienes no se sentía a gusto cuando servía (a la ciudadanía) junto a ellos, sino debido a su creencia de que tiene derecho de imponerle al pueblo quién debe o no ser elegido para el Concejo Municipal”.

El líder del Partido Verde de Ontario, Mike Schreiner, expresó que, al utilizar la cláusula de manera antojadiza, Ford “muestra su arrogancia y su rechazo a la democracia”.

Las declaraciones de apoyo a la decisión del juez Belobaba, expresadas por connotados políticos locales, harían interminable esta columna de opinión en la encrucijada actual de respetar las reglas de juego de la democracia o enfrentar las cortes judiciales.

Algo debería quedar claro en los lectores. La legislación fue introducida y aprobada durante el proceso de inscripción de los candidatos a concejales, incluyendo los de los nuevos distritos electorales rediseñados en el mapa de Toronto hace meses.

Además, al ser reducidos por la legislación aprobada, la población de los 25 distritos electorales contemplados en el ‘Acta de Mejor Gobierno Local’ aumentaría de 61,000 a 111,000 habitantes cada uno, lo que haría imposible ser atendidos por sus respectivos concejales.

Pero eso es en términos funcional y numérico. Lo que Ford perseguía era ‘descojonar’ a algunos de los concejales que se opusieron a “Ford Nation” cuando su hermano era alcalde y él, uno de sus principales concejales: la ‘dulce venganza’ desde el abuso del poder.

Como bien apuntó el lunes la concejal Paula Fletcher, la decisión del juez Belobaba es “una victoria para la democracia”. Estamos en Canadá, no en los regímenes antidemocráticos de América Latina ni de los países islámicos. Las reglas de juego democrático prevalecen en esta nación por encima del partido que esté en el poder.

Ese ha sido siempre el error de los conservadores, tanto a nivel federal como provincial, creerse omnímodos en el gobierno e intentar pasar por encima a las minorías que votan en contra de ellos, no respetando las reglas democráticas.

La decisión del alcalde John Tory y su concejo municipal, de desafiar en la corte esta legislación inconstitucional, es una prueba más de que los mandatarios en este país tienen poder limitado para no excederse en su administración gubernamental. Ningún gobernante en Canadá está por encima de la ley, aunque amenace con invocar cláusulas específicas del Capítulo de Derechos aplicables sólo en periodos especiales.

Ésta y otras decisiones de corte dictatorial tomadas por Ford, más las que vendrán de manera inconsulta, presagian con tiempo que el premier de Ontario difícilmente gane la reelección en las próximas elecciones provinciales.

*Francisco Reyes puede ser contactado en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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